La OCDE, a la que el Nobel de Economía Paul Krugman denominó la “camarilla del dolor” por su inflexible plan de austeridad para la economía griega, es el grupo de países ricos al que el gobierno de Ollanta Humala pretende que el Perú pertenezca. Con ello, el ministro Segura intenta asegurar el modelo económico en pleno fin del ciclo neoliberal.

El pensamiento único perjudica a los más pobres

La OCDE es uno de los motores más poderosos de la expansión del neoliberalismo en el mundo. Existe desde 1960, actualmente agrupa a 34 países y su misión es coordinar políticas económicas y sociales. Ante la crisis económica europea, la OCDE asumió un papel decisivo en la reorientación económica y fiscal de aquellos países que se encontraban más comprometidos como Grecia, España, Portugal e Irlanda.

Como bien explica Krugman, la OCDE no titubeó a la hora de sugerir duros ajustes fiscales cuyos principales perjudicados fueron, como siempre, los más pobres. El rescate griego se convirtió en un rescate para los bancos de los países acreedores y no para los griegos. El pago de intereses fue prioridad cuando despidos, paros y desahucios ya se habían disparado hasta un nivel inadmisible.

De acuerdo al sociólogo Francisco Durand, el Perú bien puede verse reflejado en el ejemplo de Grecia. “La OCDE limita las posibilidades de un desarrollo autónomo al someter a los países a una vigilancia permanente. Además, no toma en cuenta las particularidades de cada país y ello puede tener efectos macroeconómicos negativos como en el caso de Grecia”, refiere.

“La camarilla del dolor” actuó de espaldas a las necesidades de la gente y quizá sea la principal responsable del surgimiento de movimientos progresistas en Europa como Syrisa o Podemos, los mismos que se oponen al “group think” o pensamiento único que ha venido imperando en la Unión Europea por influencia de organismos como la OCDE.

La educación estandarizada no da resultados

Uno de los indicadores que utiliza la OCDE para medir el éxito de las políticas educativas en el mundo es la prestigiosa prueba PISA. El año pasado, un grupo de académicos provenientes de diez países miembros emitió una carta en la que se criticaba el enfoque economicista de la prueba así como la falta de mecanismos democráticos en el proceso.

El documento, publicado en el diario inglés The Guardian, es concluyente: al ser un organismo de desarrollo económico, la OCDE no tiene autoridad para evaluar la educación de los niños del mundo. Los resultados de la prueba PISA, lejos de promover una mejor educación, originan reformas a corto plazo en las que empresas multinacionales lucran con el aval de la OCDE.

México, miembro pleno de este organismo desde 1994 y uno de los últimos en el ranking PISA, llevó a cabo una reforma educativa con el objetivo de escalar algunos puestos en dicho ranking. Veinte años después, aparte de dejar debilitadas a sus escuelas y universidades públicas, lo único que ha conseguido es un gran incremento de la oferta privada de la educación, que no ha dado los resultados esperados y más bien ha suscitado múltiples críticas al modelo económico seguido por ese país.

Una muestra de que la prueba PISA no mide con la misma vara a todos los países es que, en su última edición, el ex ministro de educación brasileño Aloizio Mercadante denunció que China manipulaba los resultados de la prueba. A este país se le permitía elegir a los estudiantes evaluados mientras que a los otros les eran impuestos.

El presidente y sus ministros nos han llenado de mensajes esperanzadores ante la invitación a pertenecer al Proyecto País promovido por la OCDE como una etapa previa a la incorporación a este organismo. Nadie se opone a que el estado peruano de un salto hacia la modernidad, mejorando sus procedimientos y elevando su calidad.

Sin embargo, en vista de todo lo aquí señalado, sería bueno tener previsiones para que el Proyecto País no suplante una Reforma del Estado autónoma y consensuada ni nos someta a los dictados de la tecnocracia internacional.