Cumple mes y medio la huelga de los maestros en el Cusco y dos semanas la convocada por el CONARE (Comité Nacional de Reconstrucción del Sutep), que se lleva a cabo, según informaciones oficiales, en 15 de las 25 regiones del país, sin tener a estas alturas visos de solución. 

Desde el gobierno central el discurso sigue siendo el mismo: se trata de dirigencias radicales, influenciadas por el Movadef, que azuzan la movilización.  Sin embargo, como ya hemos señalado, una simple observación del movimiento hace ver que se trata de un reclamo justo, muy probablemente capitalizado por dirigencias radicales, pero que, por tener una base sólida en la realidad educativa tiene el apoyo masivo de las sociedades regionales allí donde se lleva a cabo.

¿Por qué entonces la ceguera del gobierno y el seguidismo monocorde de los grandes medios de comunicación? Porque la huelga deja ver el problema central que atraviesa hace varios años el sector educación y que se nos ha querido vender, paradójicamente, como una “reforma educativa”.  Se trata de tener un maestro barato al que se evalúa en su desempeño, se amenaza con el despido si no aprueba los exámenes y se tiene controlado políticamente. Esto último es central en un gremio tradicionalmente rebelde como el de los maestros. Qué importa que esta metodología de “evaluar al hambriento” produzca magros resultados si los efectos se pueden manejar vía la propaganda. Al respecto REMURPE (Red de Municipalidades del Perú) ya ha señalado que el país está en el penúltimo lugar en América Latina en gasto público en educación con el 3.8% del PBI.

Esta forma de proceder viene desde el gobierno de Alan  García, específicamente desde el ministerio de Luis Chang cuando se aprobó la primera ley de carrera magisterial el año 2007. En ella se impuso el criterio de que solo se debían dar aumentos previa evaluación, a ello se denominó aumentos “meritocráticos”. Sin embargo, quienes empezamos una experiencia de aprendizaje en el tema de la evaluación por méritos, allá por el año 2001, concluimos que había que avanzar paralelamente en la evaluación y en el aumento de la remuneración docente para acercar y eventualmente igualar el piso salarial con la canasta básica. Esta política se siguió también en los ministerios de Carlos Malpica y Javier Sota y el período 2001-2006 terminó con un aumento del 61% del piso salarial. De esta manera, la meritocracia podría tener efecto en la calidad educativa, porque el maestro a la vez que es exigido ve mejorar sus condiciones de vida y tiene alicientes para aprobar la evaluación y permanecer en la carrera.

Empero, el primero de los criterios se impuso en el Ministerio de Educación y aunque la segunda ley de carrera magisterial del año 2012 mejoró en algo la primera, no modificó esta cuestión. La razón es la necesidad de darle un efecto punitivo y no promotor a la evaluación con la esperanza de que la amenaza del castigo tenga tranquilo al magisterio. 

Lo que ahora sucede es que esta contradicción entre los bajos sueldos y las exigencias de la evaluación han llegado a un punto de ebullición.  Desafortunadamente, parecen ser dirigencias radicales las que han aprovechado la oportunidad para ponerse al frente de un movimiento social real, con las consecuencias que ello tiene cuando esto sucede. Las posibilidades van desde el desbarrancamiento del movimiento mismo con un aún mayor perjuicio para los maestros hasta la proyección de algún liderazgo radical a nivel nacional con el consecuente perjuicio para la democracia.

Nuevamente, la solución existe y está a la mano de las autoridades. Solo que ella supone cambiar la lógica de la relación entre evaluación y aumento de remuneraciones de la última década, concentrándose primero —dado el grave retraso actual— en las remuneraciones para luego pasar al desempeño. De lo contrario lo único que se está haciendo es un remedo de calidad educativa.