Una famosa frase atribuida a Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich nazi, dice lo siguiente: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. La idea es que el efecto de reproducción masivo de una idea o argumento falso crea una ilusión de realidad sobre los grupos receptores. Las fake news son el referente más contemporáneo de este fenómeno de manipulación de la información, que por la misma globalización de las comunicaciones tiene la posibilidad de ampliar sus alcances abismalmente. 

Estos conceptos son muy útiles hoy en día para comprender lo que ha venido ocurriendo estos últimos meses en torno al debate del Acuerdo de Escazú. Este es un Acuerdo regional que tiene como finalidad mejorar los mecanismos de acceso a la información, participación en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en temas ambientales.

También busca dar protección a defensores ambientales. En el caso peruano, una de las principales causas que originan los conflictos socioambientales se relaciona con las evidentes limitaciones que muchas comunidades campesinas y nativas tienen para acceder a información o tener algún tipo de influencia sobre las decisiones que se toman en proyectos extractivos que se desarrollan o se pretenden realizar en sus territorios. Asimismo, es de amplio conocimiento público todos los casos de defensores y defensoras ambientales que han perdido la vida o son constantemente amenazados por tratar de cumplir su labor en zonas donde no existe ninguna presencia estatal. En esa medida, Escazú permitiría fortalecer un marco legal e institucional nacional que tiene serias deficiencias y que no garantiza un adecuado ejercicio de los derechos a la información, participación y justicia ambiental. 

Nada de esto parece importar a la CONFIEP, los sectores más conservadores del país agrupados en esa coalición llamada “Coordinadora Republicana”, y otros grupos afines. Desde un inicio, estos sectores han creado y alentado un discurso contra Escazú, con afirmaciones tales como que el Perú va a perder su soberanía si ratificara este tratado, y en algunos casos incluso señalando que el país perdería el control sobre su Amazonía. Nada más alejado de la verdad y los contenidos de este tratado. Pero esta campaña ha sido de tal magnitud que ha generado una corriente de opinión muy fuerte en contra del tratado, sostenida sobre estas fake news que han calado en las peores expresiones de nuestro nacionalismo.

Este acuerdo está próximo a ser debatido en el Congreso y es muy probable que no llegue a aprobarse, y en buena parte se deberá a esta campaña de desinformación. 
Resulta irónico que estos sectores de la derecha, que siempre alientan que el Estado peruano suscriba tratados de libre comercio, ahora se preocupen con tanto ahínco por la soberanía nacional. Pero, en todo caso, si lo que está en debate con Escazú no es la pérdida de soberanía nacional, ¿por qué estos grupos tienen tantos temores o resquemores a que el Perú se adhiera a este tratado? Una hipótesis bastante plausible se relaciona con las arraigadas lógicas y prácticas con las que las empresas se relacionan con la población de sus zonas de influencia, y que generalmente están signadas por la poca transparencia. 

Hace pocos años tuve la oportunidad de realizar una investigación sobre la mina Las Bambas para mi tesis de maestría, y uno de los principales problemas en el recojo de información fue la negativa de representantes de la empresa para brindar sus testimonios. En reiteradas ocasiones fueron infructuosas las gestiones para obtener entrevistas, y ello a pesar de que me presentaba como un estudiante de maestría y no como un representante de ONG, en cuyo caso hubiera sido más entendible obtener tal negativa. Los testimonios obtenidos fueron principalmente de ex trabajadores que siempre pidieron mantener sus nombres en reserva. Al final, toda esta experiencia (y lo manifestado por estos mismos ex trabajadores), me permitió evidenciar el marcado hermetismo que caracteriza al sector minero para comunicar o brindar información sobre sus operaciones o algo que pueda poner en mínimo riesgo sus intereses.

A partir de ahí, y volviendo a Escazú, ¿qué es lo que temen estos grupos que están en contra del tratado? ¿qué existan comunidades más informadas o con mayores posibilidades de participar en los procesos de toma de decisiones sobre aspectos relacionados con sus derechos? Sería bueno sincerar el debate de una vez por todas y dejar de esparcir mentiras para proteger intereses corporativos.