En materia de trabajo, lo avanzado en este primer año de Gobierno está lejos de cumplir con las expectativas de la ciudadanía: el acceso a empleos dignos con derechos y mejores ingresos, que fue lo que prometió el candidato Humala en campaña.

Por un lado, la generación de empleo sigue supeditada al dinamismo de la economía, y no se perciben iniciativas claras en la promoción de actividades y sectores económicos intensivos en mano de obra. El énfasis puesto a la firma de acuerdos comerciales con países y bloques en proceso de recesión y crisis económica, como la Unión Europea, ponen en entredicho si es esa la estrategia correcta para garantizar la generación de empleo productivo. Si bien la evidencia sugiere lo contrario, esperamos sinceramente equivocarnos.

En materia laboral, tampoco percibimos avances notorios en la promoción del trabajo decente y en la búsqueda de un mayor equilibrio en las relaciones laborales. Salvo la creación de la ventanilla única para los trámites administrativos ante la Autoridad de Trabajo, no se han implementado mecanismos institucionales y administrativos necesarios para garantizar una mejor tutela de los derechos laborales. La permanencia de Villena como Ministro de Trabajo confirma que el Gobierno arrastrará los pies con la aprobación de la Ley General de Trabajo: uno de los principales ofrecimientos de la fuerza ganadora de las elecciones y elemento clave en el Acuerdo Nacional. La conformación de una comisión encargada de opinar sobre la viabilidad “técnica” del proyecto revisado –con igual fin– por seis ex ministros de trabajo, le pone paños fríos a un ofrecimiento pendiente (y determinante) en muchos aspectos.

En materia de inclusión social, queda claro que la acción más importante asumida por el Gobierno fue el incremento del salario mínimo vital, el cual se dio en dos etapas: 75 soles al inicio de su periodo, y 75 soles en mayo de este año, alcanzando los 750 soles ofrecidos en la Hoja de Ruta y confirmados en el discurso presidencial de toma de mando. Sin menoscabo de la justeza y necesidad de esta medida, resulta fundamental avanzar hacia la institucionalización de una metodología que defina incrementos periódicos y proporcionales de la remuneración mínima, como se da en otros países de la región. Pese a que el Consejo Nacional de Trabajo acordó hace algunos años implementar la “cláusula gatillo” como mecanismo de actualización automática del salario mínimo en función de la productividad y la inflación, nada de esto fue tomado en cuenta para definir el monto previamente ofrecido en campaña.

Igual valoración se tiene de medidas importantes y largamente desatendidas por gobiernos anteriores, como la aprobación de la Ley y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como la creación del Fondo de Jubilación Minera. La fragilidad institucional de la Autoridad de Trabajo a nivel nacional, expresada en la escasez de recursos humanos y logísticos, dificulta en gran medida la debida implementación de las normas aprobadas; y hace más notoria la necesidad de avanzar hacia la reestructuración del sistema nacional de inspecciones, o en su defecto, a la pronta constitución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), iniciativa extrañamente resistida por algunos sectores.

En lo que toca al empleo estatal, decretar el fin de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) puede resultar un avance sustantivo si se aprueba la institucionalidad que ampare el nuevo Servicio Civil en el sector público, un pendiente para esta segunda mitad del año que comienza.

En cuanto a la conflictividad social en el sector, a pesar que no lideran el ranking de la Defensoría del Pueblo, los conflictos laborales vienen mostrando una curva ascendente y en algunos casos  comprometen a importantes empresas del rubro extractivo (Doe Run, Shougang, Cerro Verde, Volcan). En materia de prevención, el gobierno viene promoviendo la opción por el arbitraje potestativo como un medio alternativo para la solución de las controversias laborales. Sin embargo, no todos los actores implicados han comprendido el sentido e importancia de este mecanismo; particularmente el sector empresarial, que a través de sus gremios  ha cuestionado de “intervencionista” la medida, mientras que algunas empresas vienen impugnando judicialmente varios laudos arbitrales. Lamentablemente, el propio Ministerio de Trabajo, en conflicto con sus inspectores, ha recusado un laudo arbitral que favorece al sindicato, erosionando la legitimidad y utilidad de este mecanismo que no persigue otro objetivo que solucionar los conflictos laborales.