Uno de los grandes retos que demandaba la transición democrática era enfrentar la impunidad que envolvía a los graves casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre la década de 1980 y 2000.

Si bien hemos tenido avances en este terreno con la condena a Fujimori, también ha habido retrocesos importantes.
El hecho que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, declarara fundada la denuncia interpuesta por Alan García Pérez, actual Presidente de la República, contra la doctora Cristina Olazábal, fiscal especializada en derechos humanos de Ayacucho, por el delito de prevaricato (aplicación de una ley inexistente) en la denuncia por los hechos ocurridos en Accomarca en 1985, corrobora este retroceso de la justicia en favor de la impunidad. Veamos con mayor detenimiento de qué se trata este asunto.
La denuncia de Olazábal 
El 14 de agosto de 1985, un grupo de militares ejecutó el Plan Huancayocc en la comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán (Ayacucho). Ese día, 69 comuneros acusados de terroristas fueron cruelmente asesinados. Si bien se abrió proceso penal contra todos los militares que participaron en este sangriento hecho, la mayoría fue absuelta. 
En febrero de 2005, la doctora Cristina Olazábal presentó una denuncia contra Alan García por su presunta responsabilidad en los delitos de omisión impropia en asesinato y genocidio por la masacre de Accomarca, pues, según Olazábal, García, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, habría sido informado del Plan Huancayocc. A raíz de esta acusación, Alan García interpone una denuncia contra la doctora Olazábal por prevaricato y abuso de autoridad. Después de 5 años, la fiscal Gladys Echaíz considera que la denuncia de García tiene fundamento con respecto al delito de prevaricato. Para la fiscal Echaíz, existe prevaricato porque el delito de genocidio no existía como tal en nuestro marco jurídico sino hasta 1991. De esta manera, Echaíz, dictamina que la doctora Olazábal sea sometida a un proceso penal. 
Recordemos que Olazábal se ha distinguido por su lucha contra la impunidad en casos graves como el de “Los Cabitos” y “Putis” y que, con esta denuncia de Alan García, podría ser destituida. ¿Será este un mensaje de “advertencia” contra otros miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial que actúan con probidad en la defensa de los derechos humanos?
Los cuestionamientos a la Fiscal de la Nación
Para la doctora Gloria¹ Cano de APRODEH, la fiscal Olazábal no habría incurrido en el delito de prevaricato, pues si bien en el año que se cometió el crimen de Accomarca en nuestro código penal no existía la delito de genocidio, desde 1960 el Perú forma parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, por lo que Olazábal no podía dejar de actuar según esta ley internacional. Por otro lado, señala la doctora Cano, más allá de si realmente la responsabilidad del Presidente García sobre lo ocurrido en Accomarca es o no genocidio, esto es materia únicamente de una discusión judicial. Lo grave acá es que no se puede cuestionar la actuación en el marco de ley de la doctora Olazábal. 
Por todo esto, dado que, como señalan las organizaciones de derechos humanos, se está cometiendo un abuso contra la doctora Cristina Olazábal, este sea enmendado lo más pronto posible. Sino esta decisión de la Fiscal de la Nación será una raya más en una serie de hechos que, desde que se inició este gobierno, nos vienen haciendo retroceder en materia de derechos humanos.

¹En entrevista concedida para Otra Mirada