Un conflicto social inesperado que no estaba en el radar de la conflictividad, sorprendió a muchos: tres comunidades campesinas de las provincias de Antabamba y Grau, se enfrentaron violentamente dejando un saldo de dos muertos y más de sesenta heridos (entre ellos cinco policías y un adolescente de 15 años heridos por impacto de bala). El hecho ocurrió en los días 11 y 12 de noviembre. No era un conflicto nuevo puesto que comuneros de Huaquirca, Sabaíno y Virundo, tenían ya un largo historial de conflictos ante tribunales de justicia. Aunque la noticia fue prontamente olvidada por la irrupción de otros conflictos, las razones que motivaron ese cruel enfrentamiento mantienen su vigencia puesto que no ha sido resuelto.

Aparentemente era un conflicto que data de muchos años por la delimitación de linderos y el reclamo de la posesión de terrenos comunales; pero a ese punto se le añadió uno nuevo, más explosivo: la presencia de mineros artesanales interesados en la extracción de oro en una zona de linderaje entre las comunidades de Virundo y Huaquirca. Señalaban como agresores a “los comuneros de Huaquirca que invadieron estos terrenos, quemaron seis motos lineales, un volquete, un camión de la municipalidad de Virundo y un auto particular”. “El alcalde de Virundo, Javier Ancco Chancahuaña, fue capturado por los comuneros de Huaquirca, y sometido a maltratos físicos, y obligado a pedir perdón de rodillas ante enardecidos pobladores de Huaquirca”, dice uno de los reporteros de la región. “El alcalde luego de permanecer retenido por espacio de una hora fue lanzado a una zanja, escuchando a varios comuneros gritar para rociarle gasolina y prenderle fuego; en todo momento la turba estuvo amenazándolo de muerte, además de haberle atado las manos y obligándolo a caminar descalzo"

Se acusó de estos hechos trágicos a comuneros de Huaquirca. Los reporteros que cubrieron la nota así lo precisan: “Huaquirca está avanzando cada vez más diciendo que es su territorio”. Las dos personas fallecidas, al parecer eran de la comunidad de Sabaíno . El gobernador regional intentó encaminar hacia una mesa de diálogo, pero, al parecer, eso no ha sido aceptado por las partes en conflicto .

Pero a ese conflicto entre comuneros se añadió otro actor: la empresa minera ANABI, que recibió en concesión los terrenos en disputa e inició el proceso de valoración de las tierras, el pago de servidumbres . Cabe mencionar que, en esos terrenos, ya había mineros artesanales (o informales, para decirlo con precisión), por lo que la presencia de dicha empresa levantó expectativas por el incremento del valor de los terrenos donde se produciría la explotación . 

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

La fecha no es precisa, y las razones de los enfrentamientos entre comuneros de Huaquirca contra Sabaíno, y de Huaquirca contra Virundo no son muy claras. Lo cierto es que desde la década del sesenta se presentaron los primeros enfrentamientos entre las comunidades de Sabaíno y Huaquirca. Aparentemente en el 2006, los terrenos de ambas comunidades estaban saneadas y registradas en la SUNARP, pero las autoridades comunales de Huaquirca no estaban conformes por lo que habían interpuesto demandas para modificar y rectificar las escrituras . En el 2009, el conflicto se reactivó cuando el Gobierno Regional Apurímac presentó un proyecto de riego financiado tanto por el GORE como por el municipio distrital de Sabaíno; las aguas para ese proyecto de riego provenían del manantial Millo que, si bien estaban registrados en la comunidad de Sabaíno, no obstante,  las aguas eran usadas por los pobladores del distrito de Huaquirca quienes se opusieron a dicho proyecto alegando derechos consuetudinarios  

El distrito de Sabaíno es uno de los más pobres de la región, tiene una alta tasa de desnutrición crónica y un índice de pobreza mayor del 70% . Siendo un distrito agropecuario de pronto ha emergió la actividad minera con la presencia de inversiones cinco empresas: Minera Southern (en Antilla), Compañía Minera San Juan S.A, Grupo Minero Aruntani - Empresas Anabi SAC- (Proyecto Anama), Empresa Alturas Minerals (Canadá 80%, Minera IRL 205) y Panoro Apurímac SA (exploradora de Canadá).

Como era inevitable, la presencia de empresas mineras activó viejos conflictos. El 2011, comuneros de Huaquirca se apropiaron de terrenos de la comunidad de Sabaíno; ese mismo año, la empresa Anabi SAC ingresa en la zona con el proyecto Anama, así como la empresa Alturas Minerals; en marzo del 2012, en los terrenos de la localidad se produjo un enfrentamiento entre comuneros de Sabaino - Huaquirca por los terrenos Uchuy Urmy y de la zona de Supayco Qócha. Hubo intentos de conciliar el conflicto, de transitar el camino del diálogo, de mejorar las comunicaciones. Hubo una tregua, pero el conflicto se mantuvo latente. Por ejemplo, en diciembre de 2014, la comunidad de Sabaíno realizó una asamblea comunal en la zona de Yanacollpa que era reclamada como suya por la comunidad de Huaquirca, lo que generó nuevas protestas de Huaquirca.

El distrito de Huaquirca tiene las mismas características de Sabaíno: un índice de pobreza de 73.8 y una tasa de desnutrición crónica de 48,4%; tiene concesionada 20 299,87 hectáreas – según el Ministerio de Energía y Minas – que evidenciaban el interés no solo de empresa mineras sino de mineros artesanales. Las mineras que habían logrado concesiones de terrenos mineros eran: Minera IRL. S.A. (área concesionada de 6448,36), Alturas Minerals S.A. (2998,48 hectáreas concesionadas), Minera Barrick Misquichilca S.A. (3200 hectáreas), Compañía minera Ares SAC (1000 hectáreas), Cesar Alberto Monge Márquez (200,00 hectáreas), ANABI SAC entre otras. (datos de la Dirección Regional de Energía y Minas- Apurímac, 2013).

Como era esperable, la presencia de las empresas minera generó demandas y conflictos con los comuneros de Huaquirca; unos pobladores cuestionaban el convenio firmado con la empresa ANABI SAC por el proyecto minero ANAMA y contra las empresas Altura Minerals y Cesar Alberto Monge Márquez (pequeño minero); aducían irregularidades en la firma del convenio e incumplimiento de acuerdos. Quizá en el fondo del problema estaba la demanda de la comunidad para que mineros artesanales de la comunidad también trabajen las zonas concesionadas a la empresa ANABI SAC. El conflicto, como reportaba la Defensoría del Pueblo en el 2013, estaba centrado en el desacuerdo con la empresa sobre el uso de los terrenos superficiales; exigían la negociación de un nuevo convenio; demandaban a las empresas Altura Minerals la capacitación y formalización de mineros artesanales, empleos de comuneros en las operaciones mineras de las empresas. En noviembre del 2013 se llegó a un acuerdo con la empresa ANABI SAC; en asamblea comunal, la empresa accedió al pedido de la comunidad de otorgarle una cuadricula de su concesión para que sigan realizando minería artesanal, y con ello cerró un conflicto que amenazaba con hacer cerrar las operaciones de la empresa Anabi en los terrenos de la comunidad de Huaquirca.

LA MINERÍA ARTESANAL E INFORMAL, EL TERCER ACTOR

Un actor que surge con mucha fuerza en este escenario de conflictividad social es el minero artesanal e informal (llámese ilegal). Su presencia en diferentes regiones donde se explota el oro es inocultable no solo por las invasiones de terrenos que promueven sino por los tremendos daños ambientales que genera. En cierta medida, la presencia de los mineros artesanales complejiza aún más el conflicto puesto que se constituye en un tercer actor en el conflicto entre comunidades con empresas mineras o la contradicción agro - minería; en algunas regiones como Apurímac ya se presenta casos de comuneros que han optado por la actividad minera como su fuente de ingreso; en otras regiones ya se viene presentando casos de comunidades campesinas que están tramitando su conversión en comunidades mineras.

Indudablemente que el factor que impulsa la conversión de campesinos a mineros artesanales o comunidades campesinas en comunidades mineras es el deseo de explotación, por cuenta propia, de los yacimientos de oro que se encuentran en su entorno. Los mineros artesanales - dice un estudio sobre Apurímac(1)– no han dejado la agricultura y la ganadería; por el contrario, mineros artesanales sin dejar de ser comuneros han conformado empresas de pequeña escala; el éxito que han tenido en algunas zonas ha atraído a profesores, trabajadores sin capacitación en prácticas mineras, a invadir terrenos, a comercializar sus productos. Indudablemente, la existencia del oro alimenta las expectativas. El oro, como se sabe, es de fácil colocación en el mercado por la existencia de cadenas de acopiadores y por la existencia de plantas de procesamiento cercanas a sus operaciones.
 “la minería informal viene para buscar el mineral aurífero de filones eso nomás trabajan… todo el mundo quería ser minero… familias enteras de Pachaconas, Huilcabamba… se olvidaron de la agricultura…”, dice uno de los entrevistados por el estudio citado.

Indudablemente la ambición por apropiarse de terrenos la que está generando los enfrentamientos entre campesinos o comuneros; es la posibilidad de acceder a estas vetas, de pronto descubiertas, la que intensifica o actualiza antiguos conflictos de linderos o de delimitación territorial. No es solo el oro lo que hace de esos terrenos valiosos, sino que con el inicio de operaciones mineras que esos terrenos, antes abandonados o no trabajados (eriazos) éstos adquieren mayor valor de mercado y por tanto, crecen el valor de los arriendos o de la servidumbre.

LOS OTROS CONFLICTOS POR EL ORO 

El conflicto en Huaquirca – Sabaíno – Virundo solo ha puesto en evidencia que en Apurímac existen serios conflictos por la posesión de denuncios mineros o por el reclamo de nuevos linderos. La razón, como era previsible, ha sido la repentina importancia que la región Apurímac tuvo por el descubrimiento de reservas de oro y plata en diferentes provincias, lo que había impulsado a que las empresas grandes, medianas y grupos artesanales se orientaran hacia la búsqueda de la aprobación de proyectos mineros, el registro de denuncios y derechos mineros sobre extensas áreas rurales. Las exploraciones en los terrenos comunales alertaron sobremanera a los comuneros, pero, también el interés de adquirir derechos mineros, o de apropiarse de zonas concesionadas no explotadas.

En esta región se pudo percatar que los comuneros buscaban complementar sus actividades agropecuarias con la extracción de oro en aquellas zonas donde se sabía de su existencia. El estudio realizado por un equipo dirigido por José de Echave, señalaba precisamente eso: “la particularidad – decía - del fenómeno de la pequeña minería informal en Apurímac es la presencia gravitante de las propias comunidades campesinas que buscan complementar sus actividades tradicionales con la labor minera. Entre las principales demandas de los mineros informales de Apurímac, aparece la cancelación de las concesiones mineras de las empresas transnacionales, la puesta en marcha del Plan Nacional de Formalización y el Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica, la creación de un Banco Minero, entre otros”(2).

En la provincia de Antabamba a comienzos del 2000, se había concesionados terrenos a más de 40 empresas mineras; y una de las zonas concesionadas estaba en el distrito de Sabaíno, una de las zonas del conflicto; ésta era una zona predominantemente agrícola, pero la actividad minera ya tenía un crecimiento significativo, principalmente en el centro poblado de Antilla. 

Al conflicto producido entre las comunidades de Huaquirca y Sabaíno, o el conflicto de Huaquirca contra Virundo, se debe añadir un considerable número de conflictos de este tipo en diferentes zonas del país. Anotamos los más evidentes, reportados por la Defensoría del Pueblo en el 2016(3):

• El conflicto entre las comunidades de Molloco, Chuñohuacho y Curanco. La razón de ese conflicto es la acusación al presidente de la Comunidad de Antabamba, por las negociaciones ilícitas con las empresas Fresnillo y Anglo American. Pero a la base de este conflicto estaban los conflictos de linderos entre comunidades y la expectativa de la minería artesanal.
• Federación Regional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de Apurímac (FERMAPA), realizaron paros y bloqueos de carretera en Andahuaylas por el reconocimiento de sus posesiones (alguna de ellas producto de invasiones de concesiones mineras). Le exigían al Gobierno Regional la derogatoria de la Ordenanza Regional N ° 006-2011-Gr-APURÍMAC/CR y su Reglamento. La FERMAPA presentaba como bases activas en las Provincias de Andahuaylas, Grau, Cotabambas, Antabamba, Aymaraes.
• El proyecto “Utunsa” de la empresa Anabí S.A.C. es acusada de contaminar el río Colchaca por relaves afectand a las comunidades de la parte media y baja, como Pampa San José, Patán, Huanccasca, Patahuasi, Cchocha, Llaj-Husa, Haquira, Ccallao entre otras. Acusaban a la empresa de incumplimiento de compromisos con las comunidades de influencia directa. Piscocalla, Huanca-Umuyto, distrito Haquira, provincia Cotabambas
• La Asociación de mineros artesanales Ccori Llankay del distrito de Sañayca, conformados por comuneros de la comunidad campesina de Sañayca está en disputa con empresas que poseen concesiones mineras en dicha comunidad como el consorcio Mapsa S.A. al cual pertenece Bayomapsa, la empresa Apu S.A.C., y al concesionario Juan Félix Espino Torres. Comunidad Campesina de Sañayca, distrito Sañayca, provincia de Aymaraes.
• Pobladores de la comunidad de Collpa señalaron que personas que se hacen pasar por comuneros de Pucuta, realizan actividades mineras informales en terrenos cuya titularidad es de Collpa. Mientras tanto la comunidad de Pucuta rechaza la presencia de la empresa minera del Norte S.A. porque no cuentan con el acuerdo de uso de terrenos. Distrito de Curahuasi, provincia de Abancay
• Intento de invasión por parte de las comunidades Progreso y Challhuahuacho, a los terrenos comunales de la comunidad campesina Huanacopampa, presuntamente por intereses políticos y económicos. Distrito de Progreso, provincia de Grau.
• Disputa por los linderos entre las comunidades campesinas de San Antonio y Ayrihuanca que se ubican en los distritos de San Antonio y en el distrito de Micaela Bastidas, respectivamente. Distritos de San Antonio y Ayrihuanca provincia de Grau, Apurímac.
• Las comunidades campesinas de Lambrama y Curpahuasi (provincia de Grau) se encuentran en disputa por los linderos; ambas se disputan el sector de Taccata.
• La comunidad campesina Cconccacca exige que la comunidad campesina Ccahuanhuire le reconozca el flanco norte del cerro Samapunta como su territorio, de lo contrario expulsarán de sus viviendas a los aproximadamente treinta comuneros de Ccahuanhuire, ubicados en el centro poblado menor Record-Cconccacca. Distrito de Progreso, provincia de Grau, Apurímac.

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(1)Conflictividad y oportunidades para el diálogo en la región Apurímac: estado del arte y percepciones de los conflictos en la subcuenca del río Antabamba 2013-2015.      http://www.redsocial.pe/wp-content/uploads/2016/05/Libro-Conflictividad-.... Editor: Instituto Redes de Desarrollo Social
(2)José De Echave Cáceres: “ Apurímac, la gestión del territorio y minería”. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC). Cuzco, Septiembre de 2012. https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/00179.pdf.
(3)Defensoría del Pueblo – Reporte de Conflictos Sociales N°147– mayo 2016.