Uruguay ingresó al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA) sin que exista una discusión nacional sobre su conveniencia o inconveniencia. Es una medida que demuestra las grandes debilidades del gobierno de José Mujica en su política de inserción internacional y la transparencia de sus acciones, teniendo en cuenta el modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos anteriores sobre el TISA.

En febrero de 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia: Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 participantes en las negociaciones TISA: Australia, Canadá, Chile, Taipei Chino, Colombia, Costa Rica, la Unión Europea, Hong Kong (China), Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Uruguay.

Uruguay fue aceptado –luego de que el Congreso de Estados Unidos dio luz verde para que así lo hiciera– y participó de las negociaciones a partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen el futuro de todos los uruguayos.

La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 2 de mayo de 2014 cuando la agencia Efe informó, desde Bruselas, que Uruguay había solicitado ingresar al TISA en septiembre de 2013 y que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, manifestaba que la Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante. Aseguró, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, garantizó que su país comparte los objetivos de las negociaciones del TISA y que respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une a ellas.

Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que si Uruguay es admitido se tomará conocimiento del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas, y se estará en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar.

El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso elogioso e impreciso, que el TISA tiene como propósito “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros”; asimismo, que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger en listas de excepción.

El gobierno uruguayo ingresó al TISA inmediatamente después de ser aceptado, lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y aceptó el contenido de dichos acuerdos que siguen siendo secretos.

Los principales referentes del Frente Amplio (FA) en el Senado sobre asuntos internacionales consultados en aquel momento –Enrique Rubio, Eduardo Lorier y Alberto Couriel– desconocían el tema, mientras el asesor de la presidencia del FA en política exterior –José Bayardi– afirmó que no se había discutido en la coalición.

Si fue sorprendente que el gobierno uruguayo hubiera solicitado participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA y es notorio que todos aquellos que tomaron conocimiento del tema no hicieron lo necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.

Debe destacarse que si bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacionales, pues la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados. La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Por su parte, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes.

Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para integrarse a un acuerdo multilateral que limita fuertemente las potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El gobierno de Tabaré Vázquez asumirá y continuará con esta política? Si así lo hiciera, ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o continuarán con el secreto de Estado?

En las siguientes rondas de negociaciones (la próxima es entre el 11 y el 15 de abril), Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.

*Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU