Tía María es el proyecto cuprífero más importante de la poderosa Southern Perú Cooper Corporation en el país

y se ubica en la quebrada Cachuyo, a 90 km. de la ciudad de Arequipa, cerca del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay. De iniciarse este proyecto en la zona, la Southern Perú extendería más sus actividades en el sur, pues actualmente esta empresa viene operando en las minas de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua.
Para los pobladores de Islay, lo más sensible del proyecto Tía María es que la amplitud de la exploración y extracción de cobre se extienda por el valle del río Tambo, el que, a su paso, irriga importantes zonas agrícolas de las que viven muchas familias de la provincia. Así, como señala la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), el proyecto afectaría la disponibilidad de agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika en el valle del río Tambo.
En este escenario, donde la supervivencia de la agricultura se enfrenta al embate minero, surgen las primeras tensiones entre los pobladores y la Southern Perú, sobre todo porque en los últimos años casi el 50% del territorio de la provincia de Islay se ha visto parcelado y concesionado a empresas mineras, en detrimento de la agricultura (Ver recuadro).
 

Fuente: Conacami 2009 
 
Por eso, el domingo pasado, se llevó a cabo un proceso de consulta popular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Islay-Matarani, Mejía y Punta de Bombom de la provincia de Islay para conocer las opiniones de los pobladores respecto al proyecto Tía María. Esta consulta popular, de forma similar a las experiencias de Tambogrande (2002), Ayabaca y Huancabamba (2007), Candarave y Tarata (2008), se ha realizado bajo el liderazgo de los gobiernos municipales, quienes se han amparado en la legislación municipal para llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana. Los primeros resultados del proceso en Islay señalan que el número de votos en contra del proyecto Tía María ha sido aplastante. Por eso, el gobierno no debería responder con indiferencia o diciendo que este proceso “no es vinculante”, sino dialogando y proponiendo una solución justa.
Para el economista José de Echave¹, los proyectos mineros en el país crean un clima de inseguridad en la gente principalmente por la ausencia de mecanismos del Estado para que los pobladores conozcan realmente de qué se tratan los proyectos a ejecutar y cómo podrían estos afectar su vida en el fututo, pero además, para que su opinión sí sea tomada en cuenta.
El caso de Islay es uno más de los conflictos mineros que surgen a diario en el país porque las condiciones otorgadas a las concesiones se realizan sin un verdadero control. Actualmente, el mecanismo de consulta ciudadana se soslaya y no existe una ley de ordenamiento y desarrollo territorial para establecer dónde la minería podría significar realmente desarrollo sin perjudicar a la gente y al medioambiente. Además, no puede ser que contando con un Ministerio del Medio Ambiente, todavía el Ministerio de Energía y Minas sea el encargado de fiscalizar los estudios de impacto ambiental. Por lo visto, existe una agenda que el gobierno debería tomar en cuenta si no quiere seguir siendo sobrepasado por los conflictos sociales.

¹Entrevista concedida a Otra Mirada