Nuevamente, con motivo de la resolución del tribunal, colegiado F de la Sala Penal Nacional,  que ve el caso, de dejar en libertad a la mayor parte de miembros de la dirección del Movadef, la mayoría de medios, políticos y líderes de opinión, se rasgan las vestiduras diciendo que ese tribunal ha favorecido al terrorismo de Sendero Luminoso. Presuroso el Presidente de la Corte Suprema Enrique Mendoza remueve a los vocales y traslada el caso a la Oficina de Control de la Magistratura para que tome cartas en el asunto. Ello ha motivado que se levanten voces de protesta, entre ellas la del propio vocal supremo Señor Javier Villa Stein, señalando que la remoción es arbitraria y atenta contra la seguridad jurídica del país.

¿Qué está en el fondo de la cuestión? La apreciación hipócrita, hoy dominante, de que el Movadef es igual a Sendero Luminoso, que la guerra continua y que el combate contra el mismo es básicamente policial, militar y judicial. Comentaristas de distintos matices como Fernando Rospigliosi, Gustavo Gorriti y Carlos Tapia; han señalado en diversas oportunidades que esto no es cierto, que las acciones terroristas de Sendero terminaron en 1994, que Sendero fue derrotado militarmente y que lo que buscan a través del Movadef ya no es el desarrollo de la lucha armada sino su legalización política. Para muestra basta un botón. ¿A dónde han capturado a los supuestos terroristas de hoy? En su casa. ¿Cuándo capturaban antes a terroristas en su domicilio? Jamás.

El cuco que los medios levantan señalando que la banda de narcotraficantes del VRAE, liderada por los hermanos Quispe Palomino, es parte de Sendero Luminoso, ha sido reiteradamente desmentido por expertos, organismos de inteligencia y los propios dirigentes senderistas. El que veinte años atrás formara parte de esa organización no quiere decir que siga perteneciendo a la misma. Es más, ha sido pública la discrepancia de los Quispe Palomino con el Acuerdo de Paz y la estrategia senderista de establecer el Movadef.

Es importante recordar que la cúpula senderista plantea un Acuerdo de Paz desde mediados de la década de 1990 y que en principio lo hicieron animados por Vladimiro Montesinos en las conversaciones secretas que este, por orden de Alberto Fujimori, tuviera con Abimael Guzmán en la Base Naval del Callao. Con los años se probaría que esta fue una maniobra más de la dupla Fujimori-Montesinos  para conseguir su primera reelección en 1995.

Se trata en realidad de un grupo de sentenciados por terrorismo que, todo parece indicar, siguiendo instrucciones de Guzmán, forman el Movadef para insertarse en la vida política democrática. Esto abre dos interrogantes: ¿los sentenciados por terrorismo que cumplen su condena tienen derechos políticos? y ¿pueden ser legalizados más allá de su trayectoria y sus propósitos? Sobre la primera pregunta nuestra legislación dice que sí, que pueden participar, de lo contrario la sentencia se convertiría en una lápida y se convertirían en muertos políticos arriesgando que mañana más tarde algún gobierno quiera endilgarle a cualquiera esa condición. Sobre lo segundo, la ley de partidos es clara señalando que quien pretende destruir la democracia no puede participar de la misma, de lo contrario el régimen político se estaría suicidando. De aquí es precisamente de donde cojean los del Movadef al negarse a reconocer el daño que causaron.

Lo que sucede de parte de la derecha neoliberal es que hay en curso una estrategia de “administración de grupo terrorista”, llevada adelante por medios y políticos, que levantan el tema cada vez que lo necesitan para distraer a la opinión pública de otros asuntos o identificar como proclive o cercano al terrorismo a cualquiera que tenga una opinión progresista o de izquierda. Por lo demás, se “administra” a quien está derrotado, generalmente para propósitos inconfesables, que poco tienen que hacer con la lucha antiterrorista.

La táctica para combatir a grupos como el Movadef es la lucha política e ideológica, para desenmascarar su negativa a hacer mea culpa y autocriticarse  de los crímenes y la tragedia que provocaron en el Perú y que ellos se niegan a reconocer. Bien ha hecho, por ello, el Jurado Nacional de Elecciones al negar inscripción a este grupo debido a su ligazón irredenta con las acciones terroristas de los ochentas y los noventas. Esta lucha corresponde principalmente a los partidos políticos que en casi todos los casos miran a otro lado. Deberíamos aprender de los estudiantes de diversas universidades públicas que en los últimos años han desenmascarado al Movadef en los claustros y los han aislado políticamente. El seguir usándolo como cuco a la medida en cada momento político solo sirve para mantenerlo en el tiempo, debilitando la verdadera lucha antiterrorista y a la larga a la propia democracia.