Minería: preguntas políticamente incorrectas

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Por: 

Hugo Cabieses

Los casos de Yanacocha-Conga en Cajamarca, Tía María-Southern en Arequipa y Pluspetrol-Repsol en Loreto son los más recientes y conocidos de cómo las empresas extractivas que no cumplen siquiera con los 10 principios que la mayoría de ellas, agrupadas en el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés) firmaron en 2002.
 
El ICMM agrupa a 28 empresas grandes y 30 asociaciones mineras nacionales y regionales entre las que está nada menos que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP). Que es para “atender los principales retos en materia de desarrollo sustentable que enfrenta esta industria”.

Las grandes empresas conformantes y firmantes de estos principios son las siguientes: ARM-African Rainbow Minerals (Sudáfrica), Alcoa (EEUU), Anglo American (Inglaterra y EEUU), AngloGold Ashanti (Sudáfrica),Antofagasta Minerals (Chile), Areva (Francia), Barrick (Canadá), BHP Billiton (Australia), Codelco (Chile), Freeport-McMoRan (EEUU), Copper & Gold (EEUU), Glencore-Xtrata (Suiza), Gold Corp (Canadá), Gold Fields (Sudáfrica), Hydro (Noruega), JX Nippon Mining & Metals (Japón), Lonmin (Inglaterra y Sudáfrica), MMG (Australia), Mitsubishi Materials (Japón), Newmont (EEUU), Nippon Mining & Metals (Japón), Noranda (Canadá), Pasminco (Australia), Placer Dome (Canadá), Rio Tinto (Inglaterra), Sumitomo Metal Mining (Japón), Tec (Canadá), Umicore y WMC Resources. Las marcadas en negro son algunas de las que están en Cajamarca.
 
Claro que en el clamoroso incumplimiento de principios de Responsabilidad Socio-Ambiental (RSA) que enarbolan en el papel, cuentan con la complicidad del actual gobierno, tal como se expresa en el tercer paquete anti-ambiental de julio del año pasado y el que se viene pronto.
 
Es sabido que la Ley 30230 del tercer paquete anti-ambiental que nos dejó como herencia Luis Miguel Castilla, baja las vallas ambientales, nos pasea con el ordenamiento territorial no vinculante, perdona deudas por “conductas ambientales infractoras”, puentea al MINAM y al SERNANP respecto a las áreas naturales protegidas y ningunea el rol de rectoría ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) en cuanto estándares de calidad ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP). Todo ello, dizque para promover las inversiones.
 
Con razón, muchos empresarios mineros se preguntan “¿por qué tengo que cumplir en el Perú con estándares ambientales y sociales que el gobierno no me exige?”. Y tienen razón. Los principios aprobados y suscritos en mayo del 2003 por muchos de estos empresarios e incluso por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) que también es firmante, son los siguientes:
 
1) “Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de gobierno corporativo”. ¿Cómo Newmont y Buenaventura que negociaron Yanacocha con Montesinos la entrega de concesión o Southern-Tía María en Arequipa?

2) “Integrar los temas de desarrollo sustentable al proceso de toma de decisiones de la empresa”. ¿Impulsando minería en cabeceras de cuenca como Conga-Yanacocha, Tía María-Southern y Barrick-Quiruvilca?

3) “Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos afectados por nuestras actividades”. ¿Cómo en Glencore-Xtrata en Espinar o Yanacocha-Buenaventura en Cajamarca?

4) “Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información válida y una sólida base científica”. ¿Cómo la que no quiso proporcionar Yanacocha en Choropampa o Glencore-Xtrata en Espinar?

5) “Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y seguridad”. ¿Cómo no hacen casi todas las empresas mineras con la anuencia del Gobierno?

6) “Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental”. ¿Con las vallas ambientales más bajas que en sus países de origen y lo que ordena la OCDE o la UE?

7) “Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial”. ¿Con las campañas y cabildeo en el congreso de todas las empresas mineras sin excepción contra la Ley de ordenamiento territorial con la anuencia de congresistas y el Gobierno?

8) “Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición responsables de nuestros productos”. ¿Cómo Nystar con el relave Tamboraque en San Mateo o los relaves de Barrick-Quiruvilca en Huamachuco?

9) “Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación”. ¿Con la permanente acusación de “minero-terroristas” contra los dirigentes de las comunidades, incluyendo alcaldes como en el caso de Tía María en Arequipa o lo que sucede todos los días con Conga en Cajamarca?

10) “Implementar con nuestras partes interesadas mecanismos de información, comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables independientemente”. ¿Con las mineras individualmente o a través de la SNMP amedrentando a los que se oponen?
 
La mayoría de estas empresas explotan minas o tienen concesiones mineras en el Perú, pero en su relación con las comunidades y el gobierno peruano, no cumplen con los principios que han firmado. ¿Es tan difícil cumplir con estos principios? Creo que no y estoy seguro que si estas empresas cumplieran con estos 10 principios y el Gobierno los hiciera cumplir, no habrán tantos conflictos socio-ambientales en este sector.

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