La nauseabunda política criolla en el Perú
Nicolás Lynch
Nauseabunda, así han nombrado diversos analistas, con el adjetivo calificativo que usara Mariátegui hace 90 años, a la política criolla de estos días, que de acuerdo con el diccionario de la RAE quiere decir “produce náuseas”. Efectivamente, lo que estamos viendo hoy es un contraste de porquerías entre los acusadores del Congreso que acusan para librarse de las acusaciones fiscales en su contra, exhibiendo las también supuestas porquerías, en grabaciones obtenidas ilegalmente, de la Presidencia de la República. Da náuseas, porque en todos los casos y ante tanta bajeza la pregunta es ¿dónde están los intereses del país?
Una cuestión crucial del actual período, que constituye la llave maestra para entender lo que pasa, generalmente se deja de lado por parte de quienes emiten opinión. Se trata de la crisis de régimen agravada con la pandemia, que significa que la forma neoliberal de mandar, inaugurada con el golpe del cinco de abril de 1992 y refinada con la fallida transición a la democracia del 2000, se ha agotado. Quizás si el ejemplo más claro de esto es la pérdida de peso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la política peruana. El MEF, otrora poder omnímodo, como antiguo gamonal sobre vidas y haciendas, es objeto de burla y hasta se atreven a tacharlo de equivocado y mentiroso para cubrir su sistémica preferencia por los ricos, mientras tratan de censurar, para bien, a la titular de turno. Por ello, la conciencia sobre la crisis de la autoridad neoliberal es fundamental para entender lo que pasa y asumir que solo una nueva forma de ejercer el poder puede permitir encarar nuestros problemas de fondo, de lo contrario la imposibilidad de gobernar, sea cual fuere el que esté al mando, seguirá reproduciéndose de manera endémica.
La crisis de régimen que empieza con el descalabro de Kuczynski, continúa con el cierre del Congreso anterior, sigue con la mediocridad de Vizcarra y las tonterías de algunos congresistas, no tiene solución en este período de transición. A lo sumo se trata de un momento que hay que atravesar para llegar al 28 de julio de 2021. Todo el que quiera arreglar los problemas del Perú en los próximos meses está descaminado, se trata de llevar la nave al próximo puerto y punto. Vizcarra pudo liderar una reforma política, pero en eso también ha fallado. Si Legislativo o Ejecutivo quieren hacer otra cosa que no sea asegurar el próximo proceso electoral los riesgos son enormes, porque o levantan proyectos de corsé neoliberal para parametrar a un próximo gobierno, como el Pacto por el Perú, o se aprovechan de algún atajo como la vacancia presidencial para beneficiar algunos egos y permitir que los innombrables salgan libres de polvo y paja. En ambos casos, salidas de derecha que vienen acompañadas de un componente autoritario con un inevitable tufillo golpista.
En este sentido, el último despliegue de militarismo por parte de las dos facciones del poder en conflicto, la mayoría congresal y la Presidencia de la República, son obscenas. Unos, los congresistas, intentando coordinar con mandos militares, y otros el presidente de la República y su jefe de gabinete, trayendo a Palacio de Gobierno, a los jefes militares uniformados en traje de combate. Repiten la inveterada costumbre de la élite criolla, antes gamonal y hoy neoliberal, de respaldarse en los militares para hacer política. Esa insolencia contra los peruanos y el orden democrático debe ser radicalmente rechazada. Otro elemento más, de desesperación en este caso, que profundiza la crisis del régimen neoliberal.
Por lo demás, hay que hacer todas las investigaciones que sea preciso hacer, pero esforzarse con prioridad en que continúe, porque ya ha sido convocado, el proceso de elecciones generales para el 2021. Ahora bien, este no es cualquier proceso electoral, para darle sentido hay que relacionar los problemas inmediatos producto de la crisis sanitaria y la crisis de hambre y desempleo con un viraje en la democratización del Perú. Insistir en lo que el país ha venido haciendo en los últimos 30 años (la inversión pública más baja de la región en salud, por ejemplo) es una receta para el fracaso.
Este viraje democrático tiene un nombre: proceso constituyente. Hay que ir a un nuevo acuerdo entre los peruanos que deje de lado la imposición de 1993 y nos brinde un nuevo poder, que sea legítimo para todos. Es preciso por ello convertir al proceso constituyente en el parteaguas del próximo debate electoral. Ponerlo en debate será una primera victoria democrática que presagiará varias otras que nos acerquen a materializar un poder constituyente.
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