El tema de Las Bambas aún no está resuelto

El gobierno parece que no aprende la lección y no se conmueve ni con los muertos. El presidente Ollanta Humala, el premier Pedro Cateriano y los ministros Rosa María Ortiz, de Energía y Minas; José Luis Pérez Guadalupe, del Interior; y Manuel Pulgar-Vidal, del Ambiente, aseguraron que el conflicto en el proyecto Las Bambas, en Apurímac, ha sido superado.
 
En el Ejecutivo dan por descontado que el proyecto valorizado en diez mil millones de dólares se iniciará el primer trimestre del próximo año, pero no están tomando en cuenta que hay un importante sector de la población (30 mil personas) representados en dos frentes de defensa y seis comunidades, que están tocando las puertas de las autoridades para participar en el diálogo y no han sido recibidos ni escuchados.

Los ministros se han reunido con los alcaldes y algunos dirigentes, pero no con los frentes de defensa y las comunidades que fueron los que llevaron a cabo el paro que desencadenó en la muerte de cuatro comuneros, cuyos familiares ahora tienen que sufrir el amargo dolor de la indiferencia ante los pedidos de justicia. Nadie está procesado ni ha sido sancionado por esas muertes y el Ejecutivo ya hace planes para iniciar el proyecto.
 
Los dirigentes a los que no se les ha incluido en el diálogo han manifestado a otramirada.pe que no reconocerán los resultados de la mesa de diálogo de los ministros con los alcaldes, pues consideran que las expectativas de las autoridades locales son diferentes al de las comunidades. “Los alcaldes se preocupan más por la ejecución de los proyectos que tienen pendientes”, aseguran.
 
Los representantes de las organizaciones de base han venido a Lima en busca del diálogo pero no han sido recibidos por las autoridades del Ejecutivo y consideran que el Estado no los valora ni los considera. Solo han sido recibidos por algunos congresistas y la Defensoría del Pueblo que ya tiene conocimiento de esta situación.
    
NUEVO PARO
Frente a ello, están evaluando realizar un nuevo paro en protesta por la negativa del gobierno para recibirlos. Explican que después de muchos años de buenas relaciones, las cosas empezaron a cambiar cuando la propiedad del proyecto pasó al consorcio formado por MMG Limited. El cambio de operador implicó modificaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) inicial: Las Bambas dejó de lado el mineroducto que llevaría el cobre hasta Tintaya (Espinar) por vía subterránea y en su lugar decidió transportarlo por carretera utilizando 125 camiones por día para movilizar 140 mil toneladas de tierras.
 
También se decidió la construcción de dos plantas –una de molibdeno y otra de filtrado– dentro de la concesión y ya no en la provincia de Espinar. Los dirigentes de los frentes y las comunidades sostienen que esto se hizo a través de un simple trámite administrativo, sin  estudio de impacto ambiental y sin consultar a la población. En esas plantas se va utilizar ácido sulfúrico, combustibles y se va usar agua, por lo que necesariamente hay un riesgo que debe evaluarse correctamente.
 
Los dirigentes dejan en claro que no están contra la minería y sostienen que durante once años han dado facilidades para el desarrollo del proyecto minero Las Bambas, por lo que a estas alturas solo exigen un diálogo frontal y transparente.
 
Sostienen que hay 17 comunidades en el área de influencia, pero solo ha beneficiado a dos de ellas y las otras 15 han sido postergadas, aunque advierten que en total hay 33 comunidades que no reciben ningún beneficio.
 
CON LA MINERÍA
“Se pretende hacer creer que somos radicales izquierdistas y terroristas, pero somos una comunidad pacífica que está a favor de la minería, pero en este caso se debe conversar sobre los costos ambientales, cuyos pasivos los carga la comunidad”, señalaron.
 
Los Frentes de Defensa de las provincias de Cotabambas y Grau, así como las comunidades campesinas de Chumire, Ccehuire, Saccsahuillca, Chahuapirhua, Huancuire y Tambulla, vienen ultimando los detalles de la nueva paralización contra Las Bambas por falta de diálogo y el gobierno parece no darse por enterado. Los representantes del gobierno creen que una mesa de diálogo con los alcaldes solucionará todo y no consideran en este diálogo a los verdaderos representantes de las comunidades y los frentes de Defensa.
 
En el Perú se han reportado 214 conflictos sociales, de acuerdo al último informe mensual de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. El tema de Las Bambas aún no está resuelto y si el gobierno se confía, un nuevo conflicto puede estallar en el momento menos pensado.

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