Esta frase se ajusta muy bien a lo que el presidente Vizcarra ha definido como inaceptable y me refiero al hecho que el país ha incrementado el número de pobres, después de varios años de mantener la reducción progresiva de la pobreza monetaria.

Mas allá de las críticas a la medición y a la importancia del porcentaje reducido, nadie puede ignorar que el embarazo no deseado en adolescentes (la mayoría lo son) hace tiempo ha dejado de ser indicador de salud, para ser un indicador de desigualdad. En los últimos 40 años, es el único que no se ha reducido a pesar de las estrategias y tecnologías disponibles.

Quienes hasta hace poco se mostraban satisfechos con los datos macroeconómicos y vanagloriaban el “milagro peruano”, pasaron por alto indicadores claves para la mejora de la calidad de vida de los peruanos y peruanas. Datos que hubiesen aportado cambios estructurales a favor de la inclusión. De haberlo hecho, nuestras cifras de éxito ya no serían tan endebles y hoy hubiéramos podido tener mejores condiciones, incluso para afrontar una crisis. 

No necesitamos mayores evidencias para demostrar cuánto empobrece un embarazo adolescente a una familia que ya es pobre. Ni para demostrar que este evento tiene un impacto transgeneracional, pues una madre adolescente tiene el doble de posibilidades de salir embarazada por segunda vez en menos de dos años (en comparación de una mujer adulta), tendrá menos nivel educativo y, en consecuencia, menos posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, por lo que engrosará las filas de la informalidad. Bajo estas condiciones, no es difícil imaginar la vida de sus hijos: pobre cuidado infantil, enfermedades diarreicas y respiratorias, anemia, bajo rendimiento escolar y podríamos seguir hasta llegar a su adolescencia y repetir el ciclo. 

¿Y qué ocurre en el Estado? Tenemos autoridades temerosas de hablar sobre sexualidad, género, educación sexual o métodos anticonceptivos. Están atrapados/as en su cucufatería y en sus concepciones morales, niegan las evidencias y lo que es peor, presionados por jerarcas de la iglesia y activistas religiosos, promueven disposiciones y leyes atentatorias contra los poquitos derechos sexuales y reproductivos que hemos logrado. 

Cada gobierno ha ido dejando una marca indeleble de retraso: Perversión de la planificación familiar para intereses distintos al de las mujeres; criminalización de las relaciones sexuales entre los 14 y 18 años, apartando a este grupo etario de los establecimientos de salud y del acceso a métodos anticonceptivos; negativa del aborto terapéutico, lo que permite que niñas de 10, 11, 12, 14 años, víctimas de violación, se conviertan en madres.

Hoy la pobreza nos alarma y con mucha razón. Sin embargo, lo que también tiene que alarmarnos es que grupos extremistas religiosos, que vociferan la existencia de una “ideología de género”, exigen la erradicación de la educación sexual en las escuelas y quieren negarles a nuestros adolescentes su derecho a una adecuada orientación y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Es una lástima que en el Perú nadie se haga responsable de sus malas decisiones ni de los impactos que provoca la implementación de una mala política pública. Esa es la parte de la historia que los decisores no verán y apenas se enterarán. Como siempre, las únicas que pagarán el costo son las mujeres pobres de nuestro país, y eso es algo que debe doler, porque es un panorama que sí pudimos cambiar.