A propósito de la situación en Nicaragua y las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, el intelectual portugués Boaventura de Souza, uno de los promotores del Foro Social Mundial hace una crítica de la actuación del gobierno de ese país y su reacción frente al reclamo popular.  El artículo, abierto al debate, se presenta como un pronunciamiento y evaluación con sentido autocrìtico desde el progresismo.

Solo un gobierno con autismo político puede haber anunciado una reforma tributaria que afecta mayormente a las clases medias y populares, en un escenario en el que el país atraviesa el pico de la tercera ola de la pandemia con uno de los niveles de contagios y muertes más altos del mundo, un incremento de las personas en situación de pobreza extrema –qué pasó de un 9.6% en 2019 a 15.1% en 2020– y una caída de la economía de casi 7%. 

La situación de Ecuador, en proceso de desenlace al escribirse estas líneas, confirma una vez más el agotamiento de una forma de hacer política consistente en ganar el Gobierno con técnicas manipuladoras y otras malas artes y una buena dosis de macartismo, hacer después todo lo contrario a lo ofrecido y responder con la represión y las muertes a las inevitables protestas. También confirma el agotamiento del modelo económico político y económico neoliberal y su incapacidad de resolver los graves problemas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la marginación y sus secuelas.

“Si se creía que la indiscriminada violencia y el uso antirreglamentario de armas de fuego eran condenables excesos de la fuerza pública habilitados por el estado de emergencia, luego del mensaje del sábado ha quedado claro que el gobierno las entiende como prácticas legítimas”.

Este recuento de hechos y de luchas pone en evidencia, sobre todo, que la derecha solo ha ganado una batalla, producto de una irreflexiva e innecesaria decisión de Pedro Castillo. Y deja en claro que esta historia está lejos de haber terminado.

El intento de golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, la inmediata vacancia y la instalación de Dina Boluarte como presidenta de la república parecía -para algunos- que era la solución de todos los problemas políticos que nuestro país sufría desde hace un buen tiempo. Solo pocos días después el país entero nos notificó que eso no era cierto. 

Hace unos días en Ayacucho vimos cómo la represión se ensañó con una región que ha sufrido tanto la violencia institucional y racista. Puno ha despedido a sus 17 asesinados en una procesión que destroza el corazón de cualquiera que la ve. Y el jueves pasado, Cusco despide a uno de sus líderes con el mismo dolor e impotencia.

Si luego de medio centenar de peruanos muertos Dina Boluarte llama “inmaculada” la acción represiva de la policía y Alberto Otárola, no contento con eso, anuncia un bono para premiar esas acciones ¿Qué creen que puede pasar? Pues lo que pasó con Víctor Santisteban Yacsavilca es lo que pasa. Que la policía, con su bono en el bolsillo, dispare en vivo a la cabeza de un peruano es lo que pasa.

1.El origen inmediato de las protestas

Cuando escribo estas líneas el Perú cumple dos meses con protestas masivas en, por lo menos, doce de las veinticinco regiones del país. Los muertos por la represión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte suman más de sesenta y son la expresión trágica de lo ocurrido.

Cumplidos dos meses de movilización social, la dupla Boluarte-Otárola ha decidido que su objetivo es durar en el poder sin importar el costo: sesenta vidas perdidas, masacres en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco y una ola de violencia política desplegada por la Policía Nacional contra la ciudadanía.