derechos laborales

Los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entraron en una huelga indefinida porque el Ministerio de Economía (MEF) no reconoce los beneficios logrados en laudos arbitrales.

Para conocer los detalles de sus reclamos, conversamos con Miguel Cortez, secretario general adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores de Reniec.

Como es usual en  nuestro país, cuando se plantean propuestas de formalización laboral, regulación o disminución de la precariedad laboral, los grandes grupos empresariales suelan partir desde lo que ellos denominan “sobrecostos”: CTS, seguro de salud, gratificaciones, vacaciones, entre otros. 

El último paro nacional convocado por las centrales sindicales, el pasado 20 de junio, transcurrió discretamente, es decir, distante y ajeno a la opinión pública. No solo por la invisibilización a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, sometidos al libreto del poder económico, sino sobre todo por la incapacidad del propio movimiento sindical para paralizar realmente la economía nacional y regional. Constatación que no debiera extrañarnos, conocido el contexto.

Los temas laborales seguramente estarán presentes en el Mensaje a la Nación del Presidente Vizcarra. Como se sabe, en diciembre pasado se aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (1), que debe convertirse en Plan dentro de poco. Hubo mucha controversia sobre el tema laboral, pues no se dio el diálogo prometido con las organizaciones sindicales. 

El gobierno del señor Vizcarra acaba de cometer un tremendo error político al promulgar el Decreto de Urgencia Nº 014-2020, publicado el 23 de enero 2020, pues introduce un factor de gran conflictividad en las relaciones laborales en el sector público. Es esencialmente antidemocrático porque elimina la precaria negociación colectiva existente en los trabajadores que laboran en el sector público.

En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado el 7 de abril, ha resaltado que en las últimas semanas la crisis global desatada por el brote de Covid-19 se ha agravado en todos los sectores de las sociedades mundiales y que las consecuencias para el mundo del trabajo y el ciclo de las relaciones laborales son cada vez más inciertas y devastadoras. 

Conforme la emergencia sanitaria se va ampliando, también se ha venido ampliando la vigencia de la medida –adoptada por el Gobierno y el Ministerio de Trabajo- donde se faculta a las empresas en la aplicación de la suspensión perfecta de labores para sus trabajadores. Esto significa que no se corta el vínculo laboral, pero no hay pago y no se realiza trabajo alguno. 

Felicito al Presidente de la Republica, Pedro Castillo Terrones, por su discurso de asunción de mando, que inició con un vibrante y emotivo recuento de toda nuestra historia, cuna de civilizaciones y culturas trascendentales desde hace cinco mil años.  Recordó también las épocas de extrema explotación y dolor que lamentablemente se prolongaron durante la república.

A un día de finalizar el mes de setiembre, se presentaron en el Congreso de la República –como viene siendo costumbre en los últimos años- un paquete de cinco proyectos de ley, de autoría de la congresista y presidenta del Congreso, que promueven una serie de recorte de derechos laborales de los trabajadores del sector formal. Algunos espacios críticos a estas normas no han dudado en calificar este conjunto de iniciativas como un nuevo “paquetazo antilaboral”.

El 15 de enero se recuerda el establecimiento de la jornada de 8 horas en el Perú. En 1919 luego de un periodo de conflictos bastante serios iniciados a mediados de diciembre de 1918 que culminaron con un exitoso Paro de tres días en Lima, el gobierno aceptó regular la jornada laboral.