Hay que empezar por lo importante: el sistema electoral, una vez más, ha discriminado a las fuerzas minoritarias, sigue erosionando gravemente el pluralismo real del país y está devaluando la democracia constitucional. Como argumentó válidamente Javier Pérez Royo, las normas que regulan el derecho de participación política son preconstitucionales y materialmente inconstitucionales; favorecen el bipartidismo y, lo fundamental, aseguran el poder de los que mandan y no se presenta a las elecciones.