Petroperú

En diciembre de 2025, el Ejecutivo peruano, refrendado por el presidente del Consejo de ministros, la ministra de Economía y Finanzas (MEF) y el ministro de Energía y Minas (MINEM), promulgó el D.U. 010 2025, que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú, con el argumento de que la empresa se encontraba en una crisis económica y financiera “que compromete su operatividad”.

Hace unos días el expresidente de Ecopetrol, la estatal colombiana estuvo en Lima y dijo que Petroperú no va a ser la primera ni la última petrolera nacional en crisis. Eso lo saben bien en Colombia donde, del 2010 al 2017, la Refinería de Cartagena tuvo enormes problemas financieros, técnicos y de gobernanza que requirieron medidas de emergencia en varios planos. Y agregó: “lo importante es que la decisión que se tome le dé la capacidad para hacer las transformaciones que se requieren”. 

La actual crisis del gas y del diésel en el Perú no cayó del cielo ni puede explicarse como un simple “accidente operativo”. Lo ocurrido tras la deflagración y fuga en el sistema de transporte de hidrocarburos en Megantoni, Cusco, a inicios de marzo de 2026, ha dejado al desnudo algo más grave: un modelo energético concentrado, frágil y mal gestionado. El país descubrió, otra vez, que depende excesivamente de Camisea para mover su electricidad, abastecer GLP a millones de hogares y sostener buena parte del consumo energético urbano e industrial.

En el Perú abundan las palabras tranquilizadoras y escasean las verdades incómodas. Cuando el Gobierno dice que Petroperú “no será privatizada”, lo que en realidad hace es administrar el lenguaje para amortiguar el impacto político de una decisión mayor: abrir la empresa a una reorganización patrimonial y operativa con participación privada, segmentación de activos y eventual venta de sus activos. No se le llama venta total, es cierto.