Minería

Este dicho norteamericano alude a que si la máquina funciona bien, entonces no la desarmes ni le busques repuestos, porque todo está OK. Si hay algún problema, no será otra cosa que algo pasajero. Espera un poquito para que el motor caliente y rápido volverá a su velocidad de crucero.
 

En el caserío de Maygasbamba, distrito de Bambamarca, pobladores han denunciado que tres empresas que se dedican a sacar cal de la zona están a punto de destruir un manantial de agua que abastece a numerosas familiasy que ya ha ocasionado que muchos pobladores sufran enfermedades y dolores de cabeza constantemente. Los denunciantes aseguran, además, que los impactos negativos del trabajo de estas compañías se están dispersando por todos los caseríos del distrito.

Los conflictos sociales y más específicamente aquellos de carácter socio ambientales en el Perú son una constante notable desde por lo menos los últimos veinte años. Pero los conflictos especialmente referidos a la actividad extractiva que los genera, son aquellos conocidos como conflictos socio ambientales mineros.

Las Bambas pudo haber sido el ejemplo de integración entre minería y población, pero no fue así. Cuándo se incluye a las comunidades para que participen en las negociaciones previas a la inversión minera, incluyendo capacitaciones para ver y entender el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Estado no se percató que la población entendió que el EIA era lo más importante, pues de por medio estaban sus medios de vida, su salud y la de sus familias.

A raíz de lo que viene aconteciendo en Las Bambas en los últimos días, la mayor parte de los medios de comunicación han estado más enfocados en señalar el papel de los asesores de Fuerabamba, los hermanos Chávez Sotelo, a quienes se les atribuye ser los principales causantes de este último capítulo conflictivo en torno a la minera.

El gobierno de Martín Vizcarra intentó posponer el año pasado el proceso relacionado al proyecto minero Tía María en la provincia de Islay en Arequipa, supuestamente mientras se esperaba la licencia social necesaria para iniciar sus funciones. Sin embargo, un trámite administrativo le da luz verde a la minera Southern para iniciar acciones –cuando lo crean conveniente- mientras esperan una licencia social que, con el paro en Islay a cuestas, parece no llegará.

¿Eliminar la minería como modelo de desarrollo o promover una minería responsable? Esa siempre ha sido la premisa marcada en los conflictos socioambientales de los últimos años debido a la presencia de esta actividad extractiva que es vista con recelo por las poblaciones de las zonas de influencia, debido a las experiencias negativas en diversos momentos.

Los esfuerzos del gobierno de Martín Vizcarra, de la mano del Grupo México titular de la concesión, por resucitar el proyecto minero de Tía María merecen indagarse más allá del proyecto mismo y de la situación económica del Perú. 

Se ha vuelto cada vez más común – en casi todo el mundo- que las disputas entre los inversionistas extranjeros y los Estados receptores de la inversión se resuelvan en tribunales de arbitraje internacionales. Uno de ellos es la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París y el otro es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en Washington. 

La empresa dueña del proyecto minero Ariana acaba de sacar un comunicado, a toda página, en el diario La República (20 de enero de 2020) en el que afirma que hay una coalición de intereses, liderada por la institución CooperAccion, que busca afectar la institucionalidad jurídica del país y de todo el sector minero. Tremenda acusación.