El 17 de mayo pasado, abusando de la prerrogativa prevista en el artículo 148 de la Constitución del Ecuador, el presidente Guillermo Lasso promulgó el Decreto 741, mediante el cual disolvió la Asamblea Nacional.

El asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, ha puesto sobre la mesa la situación de violencia en Ecuador y la manera en que sectores políticos conservadores están aprovechando esta coyuntura para fortalecer discursos afines a sus intereses. 

Pablo Iturralde, director del Área de Justicia Económica del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador considera que en el país norteño existe un crecimiento de la violencia desde hace seis años aproximadamente. 

La violencia e inseguridad que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, fomentada por una sucesión de gobiernos de derecha, alcanzó hoy un nuevo hito, luego de que 2023 cerró con cerca de 8 mil muertes violentas, la tasa más alta en el número de asesinatos en la historia del país, y casi el doble respecto a las más de 4 mil producidas un año antes.

El presente análisis sobre los recientes sucesos en Ecuador, levantan la tapa de una “Caja de Pandora” que se cierne sobre los países de la región: la estrechísima relación entre exclusión social, corrupción institucional, informalidad, violencias y geopolítica. Bajo esa línea, se reproduce el permanente laberinto entre políticas públicas sobre temas penales y criminales, respecto de la lucha contra la pobreza.

Los hechos

Aunque, la hiper velocidad informacional del mundo contemporáneo puso en dominio mundial la invasión a la Embajada de México en Ecuador, realizada por parte del gobierno de este país en la noche del 5 de abril, con el propósito de secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas -que estaba en calidad de asilado político-; los medios corporativos locales han desatado una campaña de control de daños, para “pasar la página” y tirar debajo de la alfombra, los alarmantes sucesos de violencia y de crisis terminal que diariamente sacuden el Ecuador.

El 18 de noviembre de 2025, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por concluido el escrutinio, la cifra resonó como un disparo de misil en los cuarteles y en las embajadas: entre 53 % y 61 % de los ecuatorianos rechazaron las cuatro preguntas del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa.