Elección directa: un paso adelante en la universidad peruana
La aprobación por el pleno del Congreso de la República de una ley que sanciona la elección por sufragio universal y directo de las autoridades universitarias es un buen primer paso para la reforma integral que la universidad peruana reclama.

Esperamos que esta ley contribuya a dar mayor transparencia y eficacia al gobierno universitario que, como hemos comprobado en las últimas semanas con la exposición de la crisis por la que atraviesa la Universidad de San Marcos, es uno de los focos de corrupción e ineptitud que lastran el desarrollo universitario. Decimos que es un primer paso porque los universitarios esperan que se termine de discutir el proyecto de ley universitaria que hoy se encuentra en debate en la Comisión de Educación del Congreso, en un trámite de nunca acabar.
 
Felizmente la aprobación de esta ley de elección directa coincide con la publicación del día de mañana en el diario La República de nuestro suplemento sobre la crisis de la universidad en el Perú y las alternativas a la misma. Aquí les damos un adelanto del mismo.
 
Recuperar la universidad para el Perú
 
La universidad peruana se encuentra abandonada. La multiplicación de estudiantes y universidades que ocurre en las últimas décadas es un fenómeno que sucede sin proyecto y sin recursos.  Esta masificación responde más al clientelismo de los políticos en el caso de las instituciones estatales y al afán de lucro de algunos empresarios inescrupulosos en el caso de las privadas, que a las demandas del mercado y/o las necesidades del país. La mayor cantidad de estudiantes van a carreras baratas de “tiza y pizarra” cuyo mercado se encuentra saturado en el corto y mediano plazo, a la par que la inversión pública en investigación básica y aplicada, cuyo agente básico es la universidad, ha disminuido en 70% en los últimos 35 años. 
 
¿Qué queda en este páramo académico? Algunos maestros que mantienen islotes de excelencia a pesar de la adversidad y algunas universidades que como excepción pueden todavía mantener el nombre de tales. En este concierto la universidad viene dejando de ser un espacio público, de debate de ideas, producción de conocimientos y especialmente pensamiento crítico sobre los problemas del Perú. La tendencia es así a convertirse en un terreno dispuesto para el asalto y la privatización, que convoca camarillas de profesores mediocres dispuestos a medrar de la pobreza en las universidades estatales, grupos radicales que insisten en el violentismo y el amedrentamiento de antaño y dueños insolentes que engañan estudiantes, así como toman y despiden profesores y rectores a su antojo.
 
La salida para esta situación es recuperar la universidad como una institución pública, más allá de si sus promotores son estatales o privados. Pública en el sentido de que es una institución que da servicios públicos como la enseñanza profesional, la investigación y la proyección social. Pública, también, porque debe ser y en buena parte de nuestra vida republicana lo ha sido, una institución de encuentro entre estudiantes y académicos de distinto origen para intercambiar puntos de vista sobre los avances del conocimiento y la situación del Perú y el mundo. Pública, asimismo, porque en sus claustros se debe formar opinión sobre lo que es de todos, llámese ciudad, región, país y nación. Pública, por último, porque es manejada por su comunidad universitaria y a ella pueden acceder, vía la gratuidad en el caso de las nacionales o el crédito y las pensiones escalonadas en el de las privadas, todos los que tengan la capacidad necesaria.
 
La universidad es una institución indispensable y se encuentra en emergencia. Merece por tanto la atención del país y en especial de los poderes públicos. En este sentido, en los últimos cuatro años viene discutiéndose una nueva ley universitaria en el Congreso de la República que busca atacar los problemas de fondo de esta institución, tanto en sus variantes estatal como privada. Sin embargo, diversas fuerzas que hoy gozan del desorden existente, conspiran permanentemente para que no se dé ninguna ley y puedan seguir gozando de la precariedad institucional existente.
 
Hay necesidad que en esta coyuntura electoral el tema se ponga a debate. No hay país que haya alcanzado el desarrollo sin una inversión importante y ordenada en la producción de conocimientos y la formación profesional. Pero ello debe de darse de acuerdo y no de espaldas a lo que demanda el desarrollo del mercado y las necesidades de la población