El Perú no tiene en la actualidad un sistema de pensiones que pueda brindar, luego de una vida laboral, una pensión digna a quien por vejez o discapacidad se encuentra jubilado.

Lo que existe es un sistema público, basado en la solidaridad y el reparto, que languidece condenado a la extinción por el modelo neoliberal que lo considera una “carga” para la economía y paralelamente un sistema privado, basado en la capitalización de cuentas individuales, que se ha convertido en un negocio rápido de un grupo de grandes empresas principalmente extranjeras. Las pensiones que brindan son ínfimas (800 soles en promedio) y la cobertura es mínima: un 25% de la PEA.
Los sistemas de pensiones en el mundo son principalmente sistemas basados en la solidaridad y el reparto por la sencilla razón de que este es el único mecanismo que se conoce para tener una pensión digna para toda la población. En este sistema todos aportan a un solo pozo de donde luego se reparten las pensiones que tienen variantes de acuerdo a los sueldos y años de aportación. Las fuentes de los sistemas solidarios no sólo son los aportes de los activos sino también los impuestos generales que por el efecto demográfico de envejecimiento de las poblaciones tienden a aumentar su participación para el pago de las pensiones. En los últimos 20 años han aparecido los sistemas de capitalización individual, que aquí se denominan AFP. En muy pocos países estos son sistemas únicos o alternativos a los públicos (como es nuestro caso) porque no sirven para dar una pensión digna a la mayoría de la población. En la mayor parte de lugares se trata de sistemas complementarios a los que de manera voluntaria una persona puede comprar un seguro previsional para su vejez o eventual discapacidad.
La pensión es un derecho fundamental de todos los peruanos, más allá de si han o no aportado a algún sistema de pensiones, que les permite un bienestar mínimo cuando ya no pueden trabajar. Hay que recordar que todos hemos aportado, por lo menos con impuestos indirectos, al Tesoro Público. No se trata de algún subsidio contra la pobreza o algo parecido, sino de una obligación que tiene la sociedad, a través del Estado, con todas la personas mayores o discapacitadas. El Estado, desafortunadamente, nunca ha cumplido con esta obligación y las contrarreformas neoliberales de la década de 1990 han empeorado la situación.
Lo que tenemos hoy son dos sistemas alternativos y no complementarios, donde el privado desfinancia al público por llevarse a los aportantes de mayores ingresos y tiene todas las ventajas posibles promovidas tanto por el Estado como por las empresas privadas. Asimismo, donde el público se anuncia como moribundo porque debido a la creación de las AFP las aportaciones de los activos no serían suficientes para pagar las pensiones de los jubilados, escondiendo el papel fundamental que le toca al Estado, a través de los impuestos generales, para financiar las pensiones.
Hay necesidad entonces de un sistema público, de carácter solidario y obligatorio, que sirva para brindar pensiones dignas, contributivas y no contributivas, a todos los peruanos que por vejez o discapacidad no puedan trabajar. Las fuentes de este sistema deben ser tanto los aportes de los trabajadores activos como los impuestos generales, especialmente el impuesto a la renta. De esta manera, el sistema de pensiones será un efectivo mecanismo de redistribución del ingreso y de justicia social. Asimismo, de manera complementaria, podrán seguir existiendo las instituciones que ofrezcan fondos privados de pensiones a los que los ciudadanos podrán acceder de forma individual y voluntaria.
Así, el negocio de las AFP, de grandes utilidades y pésimos resultados, no será el motor del sistema de pensiones; sino el aporte de todos, especialmente de los que más ganan y tienen, para el beneficio de nuestros viejos que construyeron el mundo que hoy día gozamos.