Luego de que el presidente Ollanta Humala anunciara el fin de semana que el polémico proyecto minero Conga debe implementarse, es necesario prever los escenarios que se abren con esta decisión y lo que implica tanto para la protesta cajamarquina y los sectores que la adhieren, como para quienes saludan la viabilidad oficial del proyecto. Tender puentes al diálogo sigue siendo necesario, pero no basta a estas alturas. Se requiere que el Estado ponga por delante su rol de protección de los derechos de la población y no solo la promoción de la inversión privada.

En primer lugar, el gobierno debe reconocer la presencia justificada de una gran desconfianza por parte de amplios sectores de la sociedad cajamarquina respecto de la empresa minera Yanacocha pues su accionar durante dos décadas de presencia en esta región ha estado marcado por hechos negativos como el derrame de mercurio en Choropampa, la necedad en desaparecer el cerro Killish, y numerosos casos de contaminación ambiental.

No es verdad que sólo algunos dirigentes sociales y un par de autoridades electas sean los únicos que se oponen al proyecto minero Conga. Hay detrás toda una población que quiere ser escuchada y tomada en cuenta. La  simplificación del problema que han hecho  la mayoría de medios de comunicación, ninguneando el malestar popular, es un acto irresponsable que divide y polariza más al país, y ha contribuido a la no solución de este conflicto.

Pero además de ello,  ni siquiera está garantizada la incorporación de las demandas presidenciales en la implementación del proyecto Conga. En abril de este año, el Presidente Ollanta Humala indicó que para que este proyecto sea una realidad, debía cumplirse un conjunto de condiciones adicionales a su diseño original. Entre ellas, la necesidad de preservar dos de las cuatro lagunas a ser destruidas. Dos meses después, el presidente indicó que la empresa Yanacocha lo había aceptado; sin embargo, todos hemos escuchado al ingeniero Roque Benavides, presidente ejecutivo de  Buenaventura, decir que no cumplirían la totalidad de las nuevas condiciones. Esta actitud no hace sino fomentar más desconfianza y desautoriza al presidente. Es preciso anotar, sin embargo, que estas demandas presidenciales, gusten o no a Benavides y compañía, son un logro de la protesta cajamarquina y no es poca cosa. Esto marca un antes y un después respecto a la relación con la minería en nuestro país. A ello debe añadirse, sin embargo, la participación activa de la ciudadanía en la fiscalización del cumplimiento de estas demandas.

Por esta razón, es necesario que el gobierno respete el derecho de la población local y regional, sus autoridades y organizaciones, de participar en los procesos de toma de decisión, como se está haciendo en Espinar ante las exigencias ciudadanas, lo que es fundamental para todo proyecto. La “licencia social” es indispensable.

Recordemos que además de Cajamarca existen otros proyectos mineros de gran envergadura en el territorio nacional, por lo que es urgente pasar a un nuevo esquema minero que proteja a la ciudadanía, que considere su opinión, que sea racional con el uso de los recursos naturales y, finalmente, que garantice la mayor cantidad de recaudación tributaria. Solo así podremos dar soluciones de fondo a la protesta social en torno a los proyectos mineros.

La protesta cajamarquina ha alcanzado resultados importantes que tal vez pudieron alcanzarse antes si se hubiera continuado con la orientación de negociación impulsada por el gabinete ministerial anterior. Sin embargo, hoy resulta posible la suspensión de la huelga siempre que se vele por el respeto de las demandas presidenciales y para garantizar el cumplimiento están tanto el Estado y la población. La continuidad de la protesta beneficia, finalmente, a los extremos que o bien buscan reprimir o estirar con fines subalternos una demanda legítima.