En estos tiempos de crisis del giro a la izquierda en América Latina la derecha se esmera por instalar la idea de que lo que sucede en la región es una pelea entre democracia y dictadura, donde la democracia estaría representada por ellos, que quieren una vuelta al neoliberalismo y la izquierda por los gobiernos progresistas que habrían coactado las libertades y pretendido el control autoritario de la vida social y económica. Esta visión es sostenida incluso por académicos, especialmente de los Estados Unidos que venden un concepto único de democracia, ajeno a las condiciones y a los intereses sociales en pugna.

 
La historia, sin embargo, nos dice algo distinto. La derecha casi siempre ha significado regímenes excluyentes. En el pasado autoritarismo y dictadura con gobiernos militares o cívico-militares y luego democracias precarias, con los regímenes producto de las transiciones a la democracia de los setentas y los ochentas del siglo pasado, que trajeron gobiernos elegidos pero con drásticos ajustes económicos. Acordémonos de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Salinas en México, Collor en el Brasil y Menem en Argentina, para no hablar de Fujimori en el Perú que regresó a la dictadura abierta. En todos los casos el resultado fue una precarización de la democracia que restringió los derechos sociales y trajo diversas formas de violencia política.
 
Lo que han buscado los gobiernos progresistas es superar este precarización democrática, realizando cambios que devuelvan los derechos sociales y afiancen la soberanía nacional. A diferencia de otras épocas en América Latina, como en el caso de revolución cubana, en plena guerra fría, cuando los cambios solo podían hacerse en dictadura, o en el caso de la Unidad Popular, cuando atreverse a hacer cambios en democracia le costó la vida a miles de chilenos, el giro a la izquierda ha hecho importantes cambios en democracia.
    
Empero, la realidad no es blanco y negro. Hay gobiernos progresistas que han tenido mejor desempeño que otros. Incluso alguno como el venezolano ha tenido serios problemas para lidiar con su oposición, cayendo en una grave tentación autoritaria que le ha costado electoralmente. La clave del éxito está en que las transformaciones que llevan adelante sean incorporadas como elementos del régimen político, renovándolo e incluso refundándolo socialmente, consiguiendo lo que se llama una nueva hegemonía en sus sociedades. Ecuador, Bolivia y Uruguay han hecho progresos en ese sentido; así como el Brasil donde se libra una dura lucha para no retroceder en las conquistas logradas. Pero incluso en el caso de derrotas electorales como Venezuela y Argentina, existen formidables movimientos sociales que le han dado un nuevo sentido democrático a esos países a través de un recurso fundamental: el pueblo movilizado.
 
La reacción práctica de la derecha dista, sin embargo, del discurso democrático. Frente a los gobiernos que hacen cambios no ha dejado de plantear su derrocamiento. El caso más extremo es el venezolano, en el que ha apoyado repetidas veces a los sectores golpistas, dentro y fuera de las instituciones, donde destaca el Presidente opositor del Parlamento recién elegido que pide cotidianamente la salida del Presidente de la República. En el caso venezolano ya tenemos dos años de amenazas, pero en Argentina las cosas no van mejor. Mauricio Macri que ganó con el discurso de la alegría gobierna hoy por decreto presidencial burlándose del Congreso, ya tiene a una presa política en su haber como es Milagro Sala, patrocina a quien amenaza a las madres de la Plaza de Mayo y con sus nombramientos se apresta a un retroceso en la política de derechos humanos ¡toda una joyita!
 
¿Significa esto el fin del ciclo progresista que empezara Hugo Chávez en 1998? La respuesta la tienen no solo los gobiernos sino sobre todo los pueblos de la región. Estos últimos han dado un salto en desarrollo de su ciudadanía que es crucial para el futuro. Hoy están más organizados que antes y son sujetos de derechos que difícilmente van a entregarse a las promesas del neoliberalismo. Se abre entonces un período de resistencia, aprendizaje y movilización que debe llevar a un nuevo momento en la disputa con la reacción. Es cierto que desde el Perú que todavía vive un período anterior de la historia latinoamericana es difícil concebir esta perspectiva transformadora, pero nos toca recoger las lecciones de este nuevo intento de regresión para encontrar un camino eficaz para un desarrollo en el que todos podamos incluirnos.
 
No vivimos entonces en la región un enfrentamiento entre democracia y dictadura como se nos quiere presentar. Sino una aguda lucha entre dos propuestas y prácticas políticas. Por un lado, las democracias de élite, con ajuste económico permanente, como la peruana, que criminaliza la protesta social y cierra el sistema político. Por otro, las de los movimientos populares y gobiernos progresistas que han buscado, con éxito desigual, darle un contenido social y nacional a la democracia, como nunca antes había sucedido en América Latina. Esta disputa es la que marcará el continente en las próximas décadas.