La Ley de Cine: una batalla (casi) ganada, pero una guerra que recién comienza

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Por: 

Rodrigo Bedoya

La Ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, que espera su segunda votación para su aprobación en el Congreso, comenzó a gestarse con una derrota: el 2014, el intento de crear una ley de cine integral y ambiciosa por parte del Ministerio de Cultura se dio de cara contra un Estado rígido y ortodoxo, que no aceptó las medidas que incluía. La discusión quedó en consultas a ministerios, y la propia cartera de cultura decidió archivarlo, para sorpresa de una comunidad cinematográfica que había conseguido algo impensado tan solo unos años antes: unirse para sacar adelante un proyecto conjunto 

¿Qué se aprendió de esa derrota? Pues, para comenzar, que algunas batallas hay que darlas paso a paso, pensando en el largo plazo. El proyecto de ley del 2014 era ambicioso porque, entre otras cosas, creaba un fondo para la cinematografía, que se iba a sustentar con el 10% del valor de la entrada al cine, que hoy va a las municipalidades distritales. Si la sola creación de un fondo ya es algo que hace bulla dentro del manejo de la economía peruana (que prefiere tener un Ministerio de Economía centralizador, con control de todo lo que entra y sale de la caja fiscal), el hecho de que ese fondo se sustente en un impuesto dirigido era demasiado para la ortodoxia económica. El Ministerio de Cultura metió todo el acelerador y el choque fue brutal y decepcionante. 

Por ese motivo, cuando llega Salvador del Solar como Ministro de Cultura y se abre la chance de un nuevo proyecto de ley, la lección aprendida dentro de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (Dafo, oficina dentro del Mincul encargada de la cinematografía, entre otras actividades) trajo consigo una buena dosis de realismo: trazarse metas claras y luchar una batalla por vez, con un objetivo claro y factible. Y ese objetivo fue aumentar el financiamiento para el cine peruano, que de acuerdo a la ley vigente (la ley 26370) es de no menos de 2008 UITs, 7 millones y medio de soles aproximadamente, que salen del tesoro público. 

La lucha no fue fácil: de hecho un primer intento de proyecto, el 2017, discutida también a nivel ministerial, volvía a incluir el tema del fondo sustentando por el impuesto. De nuevo hubo una negativa, pero esta vez con una propuesta: en vez de crear el fondo, que el monto que ya recibe el cine se aumente a un equivalente de lo que obtendría con el fondo. El cálculo arrojaba 6000 UITs, que es lo que ha quedado en el proyecto de ley actual. 

Otro punto importante dentro de la meta a conseguir en esta batalla (el financiamiento) tiene que ver con el ver con los beneficios tributarios. En efecto, la ley le permite a cualquier que done para la producción de una película puede “deducir como gasto hasta el 10% de la suma de la renta neta de trabajo y la renta de fuente extranjera y hasta el 10%  de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de perdidas a que se refiere el artículo 50 de la Ley de del Impuesto a la Renta, según corresponda”, citando textualmente a la ley. 

Beneficios de una ley de cine

¿Por qué una nueva ley de cine? Pues porque, debido a los cambios que han traído las nuevas tecnologías, el monto de la 26370 se quedaba corto: ahora hay mucha más actividad que la que había en 1994, cuando la ley se promulgó, y era una necesidad responder a esa demanda con más financiamiento. La lógica detrás de la protección al cine es una forma de entender a esta actividad como un elemento cultural y no netamente comercial, pero con un agregado: el poder de Hollywood no solo para producir películas, sino para promocionarlas en un mercado global, resulta un problema para las cinematografías locales, que no encuentran mecanismos para poder desarrollar su cultura audiovisual, que no necesariamente tiene que ser rentable si uno la entiende como un bien cultural. La intervención del Estado es pues, una necesidad, y así es entendida por la mayoría de países, muchos de los cuales tiene las economías de libre mercado más importantes del mundo.  

Y el resultado de tener una ley se puede ver, por ejemplo, en “Retablo”, de Álvaro Delgado-Aparicio, que le toma el pulso al mundo andino a través de una historia de identidades masculinas en conflicto. Se pudo ver el año pasado en “Wiñaypacha”, de Óscar Catacora, sentido filme sobre la vejez y el olvido filmado en territorio aymara en Puno, y hablado en esa lengua. Y se podrá ver en algunos próximos estrenos: “Los helechos”, de Antolín Prieto, sigue los encuentros y desencuentros de unas parejas durante un fin de semana en el campo.

“Casos complejos”, de Omar Forero, ancla su mirada en la lucha contra la delincuencia de unos fiscales en Trujillo, tema de total coyuntura. Y “Canción sin nombre”, de Melina León, que acaba de exhibirse en el Festival de Cannes, el más importante del mundo, sigue la historia de una mujer cuyo hijo fue robado con los convulsionados años 80 como telón de fondo. 

¿Qué tienen en común todas estas películas? Nada, salvo que todas ellas, en algún momento, obtuvieron alguno de los premios dados por el Mincul gracias a la ley 26370. Tener una ley de cine permite una mayor diversidad de las películas peruanas, lo que resulta siempre saludable y necesario: caso contrario, nuestros productos audiovisuales seguirían las mismas pautas y recetas de un cine más masivo, que también es necesario pero cuyas fórmulas ya son repetidas. No solo de “Asu Mare” puede vivir el cine peruano. 

Entendiendo esto, y ya conociendo el funcionamiento del Estado, la meta trazada por DAFO para una nueva ley fue aumentar el financiamiento. Esa es la batalla que se asumió esta nueva ley (que tomó otros proyectos ligados a la cinematografía, como el del congresista Francesco Petrozzi). El desenlace está en manos del Congreso de la República. 

 Pero una cosa tiene que quedar clara: dentro del enfoque de factibilidad empleado por la DAFO para conseguir un objetivo a la vez, este es tan solo el primer paso dentro de toda una serie de medidas necesarias para conseguir una verdadera política cultural cinematográfica. 

¿Cuáles son las otras batallas a librar? Una muy clara es el tema de la distribución de películas peruanas, muchas de ellas relegadas por los cines debido a que no siguen los patrones narrativos comunes que usa el cine industrial, ya sea hollywoodense como nacional. La industria audiovisual es una donde la demanda está fuertemente influenciada por la oferta, y el hecho de que las películas peruanas no necesariamente masivas sufran enormemente por encontrar pantallas es algo que se tiene que corregir, sobre todo porque se le está negando al público la posibilidad de descubrir algo distinto y que puede interesarle. El éxito de “Retablo” es una prueba de que hay un público latente, que espera una mayor variedad de películas en cartelera que cierto cine peruano (aquel que se verá potenciado por la ley) podría ofrecerle. 

La otra batalla urgente tiene que ver con la preservación del archivo audiovisual, cuyo descuido es uno de los grandes atentados contra la cultura nacional. Un descuido basado en el desinterés del Estado para entender que lo audiovisual tiene el mismo peso que cualquier otra forma de patrimonio histórico. Pero lamentablemente nunca ha existido una política en ese sentido, y cada película que se encuentra es por una feliz coincidencia de alguien que, limpiando el sótano de la casa familiar o revisando depósitos de instituciones, encontró alguna cinta que se creía perdida. El trabajo de la Filmoteca PUCP es muy valioso para preservar el poco cine de nuestro pasado que se ha salvado, pero el esfuerzo es insuficiente.

El tema es que crear una cinemateca es levantar una institución que nunca ha existido, con lo que eso implica: las condiciones para mantener películas de celuloide requieren de una arquitectura compleja, en las que hay que tener en cuenta detalles tan específicos y costosos como la distancia y la fuerza de la luz dentro del espacio donde se guardarán las películas para no dañarlas; o como contratar a historiadores, investigadores y científicos que rastreen y preserven el material que se vaya encontrando.  

Y una tercera batalla tiene que ver también con el cine regional, término mal usado que define a toda una serie de cineastas de las regiones del país que, debido al centralismo del Perú, han tenido muchas más dificultades para poder sacar adelante su arte. Acercarse un poco más a ese cine que se hace fuera de Lima y encontrar formas de estimularlo sigue siendo una tarea pendiente, incluso cuando el proyecto de ley incluye cuotas para el cine regional que, para muchos, no son suficientes.

El enfoque paso a paso que ha seguido DAFO para mejorar las condiciones del cine peruano está a puertas de un primer triunfo: una ley que mejora el presupuesto para el cine peruano. Pero hay muchas más batallas que librar. El cine peruano tiene que seguir dando pelea. 

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