La guerra de las etiquetas: corporaciones vs salud pública

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Por: 

Enrique Jacoby

Dispensaron de una segunda votación en la Comisión Permanente del Congreso a la moción de liquidación express de la Ley de Alimentación Saludable (Ley 30021) y la pasaron a Palacio para que el Presidente la ratifique. Sus autores, los congresistas Heresi, Velásquez Quesquén y Becerril, mostraron la osadía y prisa típicas de quienes cumplen un encargo incomodo pero bien remunerado. “Vale la pena”, deben haber pensado. 

Y esa pena no fue poca cosa. Enfrentaron la opinión técnica del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud y la de destacados científicos internacionales. Y por si fuera poco ningunearon al 90% de los peruanos, que ven a los octágonos que advierten peligros (Alto en Azúcar, Alto en sal...), como la mejor alternativa. 

El ejecutivo ha sido invitado a firmar el entierro de la Ley 30021. De hacerlo, se sancionara como obligatorio etiquetar la comida industrial empaquetada de modo que los consumidores sigan sin saber qué es lo que comen y no se enteren de los peligros de salud que esconden tales productos. Eso es lo que representa el Semáforo o el GDA (en español, Guía de cantidades diarias), cuyos creadores y defensores más ardientes son las corporaciones de comida ultra procesada (o comida chatarra), para quienes la manipulación matemática de la sal, grasas y azúcar encierra la llave a sabores intensos, la adicción y pingues ganancias.  

Desde su lanzamiento corporativo por el año 2000, las etiquetas GDA han recibido solo aplausos empresariales, la desaprobación de estudios científicos y la indiferencia del público (más del 90% no les presta atención). En el lado de la ciencia y salud pública, solo puedo identificar a una persona que mostró interés por la etiqueta tipo Semáforo y ese es Mike Rayner, catedrático de la Universidad de Oxford y experto en etiquetado, quien hace pocos años se rectificó para mostrarse favorable a los octógonos de Chile, en vista de evidencias técnicas concluyentes. Para confirmarlo pueden encontrar su rúbrica en la carta que destacados científicos internacionales enviaron al entonces Presidente Kuczsynki  en noviembre pasado respaldando el modelo de octógonos en el Perú. No hay científicos serios e independientes favorables al semáforo nutricional. Y cuando parece que los hay, son asalariados de la industria. 

Tras el debut de los octógonos negros en Chile, en el 2016, y los éxitos demostrados en el primer año de su implementación (92% reconoce los octógonos; 91.6% afirma que influyen en su decisión de compra y 91% aprueba que productos con octógonos no deben entrar a la escuela), se creó un enorme interés en todo el Hemisferio. Ese interés alcanza hoy a Uruguay, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, México y Jamaica. De todos, los tres primeros tienen ya normas y leyes en camino a ser aprobadas. Las transnacionales de comida chatarra ven esto como un contagio peligroso y el inicio de una espiral que podría escapar a su control. “Chile debe ser una excepción y no el comienzo de una epidemia” debe haber sido su conclusión.  

Una cuasi declaración de guerra que acaba de alcanzar al Tratado de Libre Comercio de Norte-América (EE.UU. Canadá y México) donde hace unos días el jefe de los negociadores de EEUU Jamison Greer saco el sable e invito a sus colegas a prohibir la adopción de etiquetados de advertencia con octógonos “Alto en…” en las comidas industriales comerciadas en el Tratado.  

Estas dificultades y los numerosos esfuerzos regulatorios en camino no eran parte del plan de las corporaciones de comida ultra-procesada cuando hace 25 años iniciaron una penetración agresiva en los mercados Latinoamericanos en espera de consumidores dóciles, sonrisas a la inversión extranjera y un ambiente regulatorio amigable. El libreto es similar al que uso antes la industria del tabaco: “Si nos botan de aquí nos vamos al sur a vender estilo.”

Garantizar información clara, veraz y útil al público (El Manual de octógonos del MINSA) es lo mínimo que el Estado tiene la obligación de hacer para defender a los ciudadanos de productos comestibles ultra-procesados que son causa de las epidemias más severas y costosas  de todos los tiempos: la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y varios cánceres. La otra opción es mentir para defender a las corporaciones de “comida chatarra” por encima de la vida de los peruanos.

 

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