Esterilizaciones forzadas. Una luz de justicia

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Por: 

Francisco Pérez García

Han tenido que pasar 16 años para que al fin las víctimas del caso de “Esterilizaciones Forzadas”, ocurridas durante la década del exdictador Alberto Fujimori, encuentren un pequeño espacio para pensar que llegará la justicia. 

La titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Marcelita Gutiérrez formalizó la denuncia penal contra el ex dictador Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, y el ex asesor del Ministerio de Salud Ulises Jorge Aguilar como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo  y la salud, seguido de muerte “en un contexto de graves violaciones de derechos humanos”, bajo la figura de la política de esterilizaciones forzadas. 

Esterilizaciones como política de planificación familiar 

Un informe del año 2014 de la web Spacio Libre, recuerda que el 6 de febrero de 1996, durante el segundo gobierno fujimorista, se expide una resolución ministerial que aprueba el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 con el propósito de “reducir la natalidad a menos 2 % anual”, por lo cual se trazó una meta de 200,000 esterilizaciones anuales. Para esto, el 9 de setiembre de 1995 se modificó el artículo VI de la ley de Política Nacional de Población para que el Programa de Planificación Familiar no excluya a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) como método. 

De este modo, el artículo VI del Decreto Legislativo Nº 346 quedó de la siguiente manera:

“La Política Nacional de Población excluye el aborto como método de Planificación Familiar. En todo caso, la adopción de los métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales.”

Precisamente, estas normativas y otros antecedentes son tomados en cuenta por la fiscal Gutiérrez para plantear la denuncia fiscal, la misma que en el año 2014 fue archivada en parte por el fiscal Marco Guzmán Baca, quien increíblemente solo encontró responsabilidad en el personal médico que realizó las intervenciones más no en las autoridades de gobierno de la época. 

La denuncia actual busca brindar justicia a más de 2 mil mujeres que se atrevieron a señalar los hechos vividos. Una de ellas Mamérita Mestanza, es uno de los casos simbólicos que fue llevado hasta la Corte Interamericana que en el 2012 ordenó revisar el caso y reiniciar el proceso. Mamérita falleció una semana después de la intervención quirúrgica. 

Al respecto, la abogada María Ysabel Cedano, directora de DEMUS señala que en esta oportunidad hay pruebas suficientes para iniciar la investigación judicial. 

Crimen contra las mujeres pobres y quechuablantes

Las esterilizaciones forzadas no fueron delitos comunes. Como ya se ha señalado, se trató de una política de estado, documentos periodísticos publicados el año 2015, revelaron que los médicos tenían que cumplir con una cuota, bajo la amenaza de ser removidos de sus puestos.

En estos delitos, hubo una estructura de poder, liderada por Alberto Fujimori y que apuntó a una población determinada: Mujeres quechuahablantes, indígenas, pobres que no eran consideradas por el Estado. 

El caso Mamérita Mestanza 
Mamérita tenía 32 años cuando fue sometida al procedimiento quirúrgico de esterilización forzada. Vivía con Jacinto Salazar y sus 7 hijos en el caserío Alto Sogorón, en el distrito de La Encalada en Cajamarca. Según su testimonio inicial, ella fue víctima de presiones y hostigamientos por parte del personal de salud de La Encalada, incluyendo visitas interdiarias a su domicilio. 

El 27 de marzo de 1998, Mamérita Mestanza fue intervenida en el Hospital Regional de Cajamarca. La obstetra Patricia Cabanillas Paredes "la llamó por lista y la pesaron, midieron, lavaron el vientre y la vagina, posteriormente la llevaron a otra sala donde le midieron la presión, tomaron la temperatura, pulso y la hicieron firmar un documento "...sin que previamente se lo hayan hecho leer", señala la denuncia fiscal. 

Cinco horas después fue dada de alta pese a que presentaba anomalías como vómitos e intensos dolores de cabeza. Durante los días siguientes su esposo informó varias veces al personal del Centro de Salud de La Encalada que la salud de Mamérita Mestanza estaba peor. El personal de salud le decía que eran los efectos post operatorios. 

En la posta médica de La Encalada, el doctor Martín Ormeño responsable de dicho centro, le indicó lo mismo que le dijeron en el Hospital Regional, "efectos postoperatorios". 

Ocho días después de la operación, el cuatro de abril de 1998, Mestanza falleció producto de una infección generalizada post operatoria. 

Para evitar el escándalo, el doctor Ormeño "invitó" a Jacinto Salazar a acudir a una reunión con los médicos que realizaron la operación. La cita ocurrida el 05 de abril de 1998, un día después de la muerte, tenía como objetivo ofrecerle una suma de dinero para los gastos de sepelio, y dar por terminado el problema. 

Caso de Celia Ramos Durand
Mujer de 34 años, procedente de Catacaos (Piura) fue sometida a la intervención de anticoncepción quirúrgica, el 03 de julio de 1997 en el puesto de salud del Caserío de la Legua - Catacaos.

En plena operación tuvo complicaciones que no fueron debidamente tratados por no contar con los instrumentos necesarios. Fue trasladada a la clínica San Miguel en Piura, pese a que en Catacaos existía un hospital equipado. Ramos llegó inconsciente, en estado de coma y con signos de daños cerebral severo. 19 días después, el 22 de julio de 1997 falleció. 

Los familiares de Ramos señalaron que el personal de salud solo le brindó información de las intervenciones quirúrgicas de anticoncepción como único método anticonceptivo. Señalan también que fue visitada tres veces por semana durante un mes para obligarla a aceptar ser intervenida. Las investigaciones determinaron que la historia clínica de Celia Ramos desapareció.

Así como ellas hay más de dos mil denuncias. Es el momento, que la Fiscalía y el Poder Judicial garanticen una investigación imparcial, sin discriminación y que no discrimine a las víctimas. 

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