Cada año que pasa se acentúa más la concentración de la propiedad agrícola en el Perú. Como advirtiera Otramirada, el neolatifundismo ha cobrado un nuevo impulso con grandes obras de irrigación como Chavimochic, Olmos o Chinecas. El gobierno de la gran transformación, que tuviera al general Velasco Alvarado como uno de sus referentes más importantes, nos ha devuelto a un escenario previo a la Reforma Agraria, con poderosos grupos económicos reemplazando a los antiguos gamonales.

Según el último Censo Agraropecuario (2012), recogido y comentado en la Revista Agraria, el 65% de las tierras irrigadas de la costa están controladas por una treintena de empresas agroindustriales. Ya sea por la privatización de las antiguas cooperativas agrarias o por la transferencia de tierras por subasta, grupos económicos como Gloria poseen un territorio mayor a algunas regiones del país (79 728 ha.). El límite en la posesión de tierras, debatido arduamente en el anterior Congreso, hoy es cosa del pasado.

Modelo excluyente en el gobierno de la inclusión

Varios problemas se desprenden de esta situación. Uno de ellos es el retorno a un modelo de desarrollo excluyente, que amenaza a la agricultura familiar y por ende la seguridad alimentaria. Un estudio elaborado por la Ceplan el 2011, indica que el boom agroexportador en el Perú se concentra en unos pocos productos como el azúcar, la palma aceitera o los espárragos. Contrariamente a lo que se piensa, el mismo estudio señala que, con un uso eficiente de los recursos, la agricultura familiar puede impulsar un desarrollo más sostenible que el actual.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el control territorial que ejercen las empresas agroindustriales sobre miles de hectáreas de la costa peruana. El acaparamiento de la infraestructura y los recursos hídricos coloca a los grandes propietarios en una posición de ventaja política sobre el resto de actores sociales. Solo alrededor de Chavimochic, Olmos y Chinecas, 88 000 ha. han sido adquiridas en los últimos años por grupos como Romero y Wong, principales receptores de los recursos que allí se generan.

De acuerdo al observatorio de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, en la actualidad preexisten disputas por el uso de los recursos hídricos (Santa), contaminación ambiental (Paramonga, La Huaca) y la propiedad (Andahuasi). La mayoría de estos se agravan al no hallar respuesta en las autoridades locales, más susceptibles al poder de los grandes grupos económicos.

Sin embargo, uno de los ejemplos más claros de tráfico de influencias alcanzó al gobierno nacional, cuando el ex vicepresidente Omar Chehade intercedió por el grupo Wong ante la Policía Nacional para ordenar el desalojo de los trabajadores de Andahuasi. Un escándalo que provocó su renuncia pero a la vez puso de manifiesto el poder acumulado por las agroexportadoras en los últimos años.

Mano de obra barata

De la lógica del “perro del hortelano” de Alan García al “crecimiento con inclusión” de Ollanta Humala apenas y si se observan cambios. Ambos gobiernos dieron impulso a esta suerte de neolatifundio con el pretexto de la creación de miles de empleos directos e indirectos. Lo cierto es que ninguno fue capaz de derogar la Ley de Promoción del Sector Agrario, gestada en el gobierno de Fujimori como parte de un agresivo plan de privatizaciones y flexibilización del empleo.

Casi al mismo tiempo que se derogaba la controvertida Ley de Trabajo Juvenil, Walter Campos, dirigente del sindicato de trabajadores de Camposol, exigía que se actuara de la misma forma con la mencionada ley, pues recorta derechos a los trabajadores del campo al no contemplar el pago de CTS, bonificaciones por Fiestas Patrias y Navidad ni tampoco vacaciones. Es decir, mano de obra barata a la base de un boom agroexportador que solo beneficia a los grandes propietarios.

Sin límites para la propiedad agrícola ni un adecuado fomento de la agricultura familiar, este fenómeno puede expandirse a las otras regiones del país, ya sea través de tráfico de terrenos o concesiones forestales. A estas alturas del partido, poco es lo que puede hacer el gobierno de Ollanta Humala, quien ya debe de haber olvidado su promesa de revalorar al hombre del campo y a la actividad agraria.