En el 2010, debido a los cambios legales introducidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la sociedad en su conjunto, en sus ámbitos regional, provincial y distrital, perderá capacidad de decidir sobre cuáles serían los proyectos que mejor satisfacen sus necesidades. Específicamente se trata de un retroceso contra el presupuesto participativo, la descentralización y la participación ciudadana. ¿En qué consisten estos cambios introducidos?
En abril del 2009, el MEF aprobó el Decreto Supremo 097 2009, con el objeto de delimitar los proyectos de inversión pública de los gobiernos regionales y locales. El decreto incluye una muy peligrosa disposición transitoria, en relación al presupuesto participativo del 2010, que establece lo siguiente:
“…los proyectos de inversión pública deben contar, como mínimo, con un Perfil elaborado y registrado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el caso que la normativa de dicho sistema resulte aplicable.”
 Antes de este decreto, la selección de los proyectos de inversión pública se basaba en las necesidades de las regiones y localidades. Para ello, en la quinta fase del proceso de presupuesto participativo¹, se desarrollan los Talleres de Trabajo con los agentes participantes. En estos talleres se definen, identifican  y priorizan los problemas.
Luego de que los problemas ya han sido priorizados, el Equipo Técnico sistematiza y presenta diversas alternativas de proyectos de inversión pública para solucionarlos. La evaluación técnica y financiera se basa en los criterios de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Es decir, primero se priorizaban los problemas a ser resueltos y luego se identificaban los proyectos que expresaban esa respuesta, y solo después se hacia el trabajo técnico para responder a los requerimientos del SNIP.
En el 2010, los agentes participantes solo podrán escoger entre aquellos proyectos que ya cuenten “como mínimo con un Perfil elaborado y registrado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública”. ¿En qué consisten estos cambios introducidos?
La participación de la ciudadanía ya no se basaría en la lógica de diagnosticar problemas y proponer proyectos que los puedan solucionar, para después ocuparse de darles viabilidad técnica. Se basaría más bien en la lógica de escoger entre aquellos proyectos ya elaborados por los técnicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, y que encima hayan tenido que pasar la “valla” del SNIP.
Con esto se le quita a la población capacidad de responder creativamente a los problemas que se van presentando, transformándose así el presupuesto participativo en una simple consulta para elegir entre proyectos ya existentes con viabilidad aprobada, aunque no respondan a las necesidades y carencias de la población.
Nuevamente, el gobierno lleva a cabo una modificación legal, con importantes impactos negativos en la elaboración del presupuesto participativo, sin por lo menos haber consultado con las autoridades regionales ni locales, ni con la sociedad civil. Una verdadera paradoja ya que se trata de modificaciones al presupuesto, supuestamente, “participativo”.
¹ El proceso de presupuesto participativo sigue el Instructivo del Presupuesto Participativo, elaborado anualmente por el MEF.