En las próximas horas, debe anunciarse el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, dos semanas después que apareciera el de Bolivia y el de Colombia. Tiempo suficiente para que las autoridades de DEVIDA y los representantes de UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) se pongan de acuerdo en las cifras, lo que se denomina el “maquillaje de las cifras”, para hacer ver los éxitos de la política peruana.

El dilema radica en lo siguiente: desde el 2012, los esfuerzos peruanos se focalizan en la erradicación por parte del CORAH (Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga), cuando esta no es más importante en la cadena productiva de la cocaína; hoy en día, la tecnología permite una mayor productividad de los volúmenes de hoja seca que se procesan en cientos de pozas de maceración distribuidas en VRAE, Selva Central, Puno, Trapecio Amazónico. Miremos:

Por comodidad o ignorancia, en estos cinco años el Gobierno Humala/Heredia fue incapaz de revisar los resultados obtenidos y hacer las reformas necesarias, como se plantearon en los primeros meses de su gobierno. Se dedicó a medir el resultado general sobre una premisa parcial, falsa y totalmente contraproducente: la reducción de cultivos de coca. ¿Por qué? Primero, estos se mueven constantemente pues encuentran una situación socio económica favorable en diversas cuencas y micro cuencas de la Selva Alta; segundo, se produce el incremento del nivel de cosechas y su productividad en zonas más pequeñas, tercero, el pobre desarrollo del proyecto Especial VRAEM iniciado el 2014 en la principal región productora.

Hay dos cosas claves que no se van a decir nunca en las conferencias que convoca el Señor Otárola en DEVIDA, el UNODC o la propia Embajada de EE.UU y que muy pocos periodistas reparan: desde el 2012, los Informes de Monitoreo de Cultivos de Coca no mencionan la cantidad de cocaína producida en el país, porque aducen que no se ha terminado el Estudio de Conversión de coca en cocaína (hace tres años está así); lo segundo es que los precios de la hoja de coca, de la pasta y de la cocaína, siguen incrementándose en la chacra, lo cual es un reflejo del poco impacto de las políticas de interdicción. Una foto más amplia de la lucha antidrogas en el Perú, nos muestra gruesas deficiencias en el funcionamiento del sistema criminal: la no finalización de la reforma procesal penal, la extendida corrupción policial que apunta a la detención de usuarios (51% del total de detenciones, pese a no ser delito) y la no investigación de las grandes organizaciones criminales (pese a la vigente Ley 30077 que nació sin recursos), el pobre desarrollo de un sistema de control de insumos y las debilidades del sistema anti lavado (a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros). 
 
Un último punto a considerar, es que el reciente World Drug Report 2015, hace muchísimo énfasis en el tema del Desarrollo Alternativo y en medidas no coercitivas. Esto ocurre, curiosamente, cuando se aproxima la Asamblea General de Naciones Unidas para ver el tema de las Drogas, UNGASS 2016, que no solamente va a revisar las políticas de Reducción de la Oferta, sino que se discutirán alternativas, nuevos enfoques basados en evidencia científica y respeto a los derechos humanos. Curiosamente, dentro del Comité Consultivo encargado de realizar este Reporte Global, se encuentran tres conocidos nuestros Jochen Wiesse, Alejandro Vassilaqui y Fernando Villarán, todos promotores de la “venta de humo” sobre el supuesto éxito del desarrollo alternativo en el Perú, cuando lo cierto es que la economía de la selva alta sigue siendo mono dependiente de las drogas y la minería ilegal.
 
En definitiva, es triste observar que este gobierno, al igual que los anteriores de Toledo y García, sigue permitiendo el secuestro de las políticas sobre drogas en el Perú, prefiere vivir de realidades virtuales sobre su éxito, para seguir manejando un problema que se les escapa por sus narices.

* Ex Jefe de DEVIDA, 2011