El Contrato Social para refundar la república

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Continuando con el tema de la reforma constitucional, en Otra Mirada seguimos revisando el suplemento publicado en el año 2009, donde se plantearon diversas propuestas para promover un cambio en la Constitución de nuestro país.

Entre esas propuestas figura la renovación de un Contrato Social con condiciones mínimas que permitan definir estrategias que tengan como objetivo “un Acuerdo Constitucional que, de acuerdo a las condiciones políticas del Perú, se logre a través de una mayoría progresista que rompa con el veto del gran capital y logre un nuevo contrato social, favorable al pueblo y distinto del contrato neoliberal establecido en 1993”.

A continuación, reproducimos el contenido de este artículo, que a la luz de lo propuesto por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje del 28 de julio de este año, cobra vital importancia:

Este nuevo contrato social debe plasmar el anhelo de justicia social, bienestar de las mayorías y desarrollo nacional que se le ha negado al Perú a lo largo de su historia republicana. En este sentido la nueva Constitución debe apuntar a la refundación de la República del Perú, que ha sido la tarea negada de las últimas dos transiciones a la democracia, de 1980 y 2000.

Las transiciones a la democracia no logran consolidarse en el Perú porque insisten en hacerlo en el molde de la vieja república criolla que por sus fundamentos patrimoniales y oligárquicos no está interesada en el establecimiento definitivo de ninguna democracia.
Teniendo en cuenta el gran objetivo de refundar la república, proponemos cuatro ejes temáticos sobre los cuales discutir el contenido de una nueva carta:

PRIMERO: UN ESTADO SOCIAL, ACTIVO Y GARANTE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

Necesitamos de un Estado que exprese la voluntad de la sociedad y no esté sometido a la lógica del poder económico que se expresa en el mercado. Esta forma estatal se convierte en indispensable en el mundo posterior al agotamiento del modelo neoliberal al que nuestro país debe integrarse si quiere alcanzar el progreso.

  • Definir un Estado Social y Democrático de Derecho, que sea Descentralizado, Laico y Plurinacional.
  • Un Estado activo y responsable del bienestar de las personas, contrario al Estado mínimo e irresponsable del texto de 1993.
  • Un Estado garante de los derechos de los ciudadanos, tanto de los derechos individuales y políticos como de los derechos sociales, culturales y solidarios que se consideran en su conjunto como derechos fundamentales.
  • Se debe subrayar el carácter de derechos sociales y servicios públicos gratuitos de la educación y la salud, quitándoles el carácter de mercancías libradas a los vaivenes del mercado.
  • Se debe garantizar el derecho al trabajo y a la seguridad social, el derecho de huelga, de organización sindical y de negociación colectiva.
  • Reconsiderar la situación de los pueblos originarios y la particularidad de sus derechos en la democracia peruana.

SEGUNDO: UN RÉGIMEN ECONÓMICO de progreso y PARA LA JUSTICIA SOCIAL

Debemos abandonar la dictadura del modelo neoliberal, plasmada en el capítulo económico del texto de 1993, que expresa un fundamentalismo de mercado neoliberal inexistente en otras constituciones del mundo y que impuesto inhibe a los agentes económicos, por la grave inestabilidad social que produce, para invertir, producir y trabajar.

  • Hay que recuperar la autoridad pública del Estado en materia económica.
  • Hay que revindicar al trabajo como la principal fuente de la riqueza.
  • La iniciativa privada es libre en el marco de una desigualdad. economía social de mercado.
  • El Estado planifica el desarrollo económico y social del país concertando con los actores respectivos.
  • El Estado regula el desarrollo de la actividad económica.
  • El Estado garantiza todas las formas de propiedad, tanto privada, pública como cooperativa, y comunal.
  • El derecho a la propiedad privada existe en armonía con el interés social.
  • El Estado desarrolla un rol empresarial en los sectores económicos considerados estratégicos para el desarrollo del país.
  • El Estado promociona y privilegia la inversión nacional, tanto pública como privada.
  • Se señala la vigencia de la Constitución y de las leyes por encima de los contratos.
  • Los recursos naturales tanto renovables como no renovables son propiedad de la nación.
  • El Banco Central de Reserva agrega a sus funciones el seguimiento del nivel de actividad económica y del pleno empleo, como se hace en los EE.UU.
  • El Banco Central de Reserva es autónomo pero su Presidente debe darle, por lo menos, una vez al año cuentas al Senado de la labor de la entidad.

TERCERO: UNA FORMA DE GOBIERNO QUE DEVUELVA LA CONFIANZA AL CIUDADANO 

Hay que terminar con el caudillismo presidencial legislado en sucesivas constituciones y exagerado al extremo en el texto de 1993. Este caudillismo es el núcleo del poder en el que confluyen élites económicas y políticas que capturan el Estado para ponerlo a su servicio. De allí la necesidad de una forma de gobierno que brinde acceso a los ciudadanos a sus representantes y establezca mecanismos de participación y control democráticos. 
Hay que separar las figuras de Jefe de Estado (Presidente de la República) y Jefe de Gobierno NO SÓLO por cuestiones de principios democráticos o legalidad es necesario (Primer Ministro), donde el primero conserva el manejo de las relaciones exteriores y la defensa y el segundo se encarga de todo lo demás. 

  • El Jefe de Gobierno es elegido por la Cámara de Diputados.
  • El Congreso de la República tiene una estructura bicameral, con un Senado de cincuenta miembros y una Cámara de Diputados de ciento cincuenta miembros.
  • El Senado se elige por distritos electorales macro regionales que se fijan en la Constitución. Esto permitirá una bicameralidad que exprese al país y supere la idea aristocrática del Senado elegido por distrito nacional único.
  • La Cámara de Diputados se elige una mitad por distritos uninominales y la otra mitad por distritos plurinominales. Esta cámara renueva por mitades y los representantes tienen que rendir obligatoriamente un informe anual a sus representados sobre su labor.
  • La Cámara de Diputados tiene la iniciativa legislativa y ejerce el control político del gobierno. El Senado es cámara revisora y ratifica a los altos funcionarios del Estado, así como a los embajadores del servicio diplomático, a los oficiales generales y almirantes y al Tribunal Constitucional.
  • La revocación del mandato procede a todo nivel, incluso al del Presidente de la República.
  • Hay necesidad de devolver el rango constitucional a los partidos políticos, promoviendo la democratización interna de los mismos a través de elecciones primarias abiertas y simultáneas, brindando financiamiento público para su funcionamiento y dándoles acceso a los medios de comunicación tanto públicos como privados 
  • Hay que reunificar el sistema electoral, descuartizado por el fujimorismo, en un solo organismo o Instituto Nacional Electoral, para darle transparencia y agilidad a los procesos electorales. 

CUARTO: UNA DESCENTRALIZACIÓN QUE DÉ PODER EFECTIVO A MUNICIPIOS Y REGIONES

Es indispensable dar un poder efectivo de decisión, tanto política como económica a los municipios y las regiones para que puedan cumplir un papel efectivo como poderes en sus respectivos lugares. Para ello hay necesidad de una descentralización administrativa que vaya acompañada de una descentralización fiscal, en el marco de un sistema fluído de relaciones entre los diferentes niveles de gobierno.

  • Incentivos para la conformación de verdaderas entidades macrorregionales, por la fusión de varios departamentos colindantes de manera tal que pueda existir un verdadero balance de poderes con el centralismo limeño. La formación de macrorregiones debe darse dentro de un plan de Ordenamiento Territorial y Regionalización elaborado de manera consensual por el Congreso de la República.
  • Instauración por elección directa en las macrorregiones de una asamblea legislativa macrorregional de tamaño mediano, que promueva el desarrollo ordenado de una sociedad política regional. 
  •  Distribución clara de poder entre cada nivel de gobierno, local, regional y nacional, para que los gobiernos descentralizados puedan desarrollar sus propias políticas sectoriales y no sean meros administradores de las políticas nacionales.
  • Verdadera autonomía económica y financiera  de los gobiernos subnacionales con una adecuada descentralización fiscal para que existan los recursos que permitan hacer efectivas las políticas locales y regionales. Esta autonomía debe apuntar a terminar con la dictadura del Ministerio de Economía y Finanzas que obliga a los gobiernos locales y regionales a mendigar mensualmente por el dinero disponible. 
  • Modificación del sistema electoral, elevando el porcentaje mínimo de votos para ser elegido, de manera tal que se dé mayor estabilidad a los gobiernos subnacionales.

 

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