Solo un gobierno con autismo político puede haber anunciado una reforma tributaria que afecta mayormente a las clases medias y populares, en un escenario en el que el país atraviesa el pico de la tercera ola de la pandemia con uno de los niveles de contagios y muertes más altos del mundo, un incremento de las personas en situación de pobreza extrema –qué pasó de un 9.6% en 2019 a 15.1% en 2020– y una caída de la economía de casi 7%. 

El conflicto del metal puede ser la señal de un reencuentro entre el mundo del trabajo y la izquierda política. El gobierno no puede ser neutral. La democracia, la de verdad, se juega en estas cosas.

Después de ver las noticias a nivel nacional de las jornadas de manifestaciones, enfrentamientos y paralizaciones. Se preguntarán ¿qué ha sucedido en la región Junín?, ¿Por qué el ejecutivo no vio venir estas situaciones? ¿Se pudo prevenir los hechos ocurridos los recientes días desde el 28 de marzo hasta el 02 de abril? ¿Se pudieron evitar los costos sociales? 

La situación de Ecuador, en proceso de desenlace al escribirse estas líneas, confirma una vez más el agotamiento de una forma de hacer política consistente en ganar el Gobierno con técnicas manipuladoras y otras malas artes y una buena dosis de macartismo, hacer después todo lo contrario a lo ofrecido y responder con la represión y las muertes a las inevitables protestas. También confirma el agotamiento del modelo económico político y económico neoliberal y su incapacidad de resolver los graves problemas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la marginación y sus secuelas.

El 2023 más que impredecible es incierto, nebuloso, borroso, tirando para oscuro; predecible es que la crisis política continuará y quizás agudizará este y varios años más, incierto es si algunas medidas y salidas que se decidan estabilizarán o agravarán la crisis; incierto es el adelanto de las elecciones al 2024 hasta que no se haya ratificado la reforma constitucional y si ella se realizará con nuevas o las mismas reglas electorales; incierto es la atenuación o consolidación de las protestas como incierto es la estabilidad gubernamental más allá de los pactos de la presidente con las ban

El intento de golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, la inmediata vacancia y la instalación de Dina Boluarte como presidenta de la república parecía -para algunos- que era la solución de todos los problemas políticos que nuestro país sufría desde hace un buen tiempo. Solo pocos días después el país entero nos notificó que eso no era cierto. 

La movilización popular de estas últimas semanas contra el gobierno autoritario de Dina Boluarte, nos recuerda una vez más el extraordinario poder democratizador de la movilización social contra los que detentan abusivamente el poder. Ya no es una movilización episódica ni puntual, sino que se extiende en el tiempo y abarca todo el Perú, concentrándose en el sur andino, pero avanzando sobre Lima, centro de poder virreinal y oligárquico, donde todavía quieren definirse los destinos del Perú.

“El tiempo de la muerte ha llegado, el tiempo de la vida se acaba”

Desde el más allá, los cerca de 50 muertos, todos pobres, andinos y provincianos, incluido el policía cusqueño; el llanto, las lágrimas y el dolor de sus deudos, reclaman justicia. Los culpables deben ser sancionados penal y políticamente. Desde diciembre 11, fecha de inicio de la protesta ciudadana, sobre todo del sur, pidiendo el adelanto de elecciones, cierre del Congreso impúdico y renuncia de la presidenta, los muertos suman más de uno por día. Esto es barbarie.

Posibles salidas en el corto y mediano plazo

El Perú ha llegado a un punto de no retorno de una crisis sistémica y estructural que tiene 200 años. Ahora solo quedan un Pachakuti andino y un Ipámamu amazónico. “Lo único que nos puede sacar de esta situación es la utopía, en otras palabras, ¿Qué quiere decir esto?, que este sistema llegó a su fin, murió”, afirma el científico social y profesor universitario Héctor Béjar Rivera.

1.El origen inmediato de las protestas

Cuando escribo estas líneas el Perú cumple dos meses con protestas masivas en, por lo menos, doce de las veinticinco regiones del país. Los muertos por la represión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte suman más de sesenta y son la expresión trágica de lo ocurrido.