privatización

El 27 de agosto pasado el directorio de PetroPerú con su improvisado presidente Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, que no tiene mayor conocimiento ni reconocimiento en el sector de hidrocarburos salvo el ser lobista y amigo del ministro de energía y minas Rómulo Mucho Mamani, realiza una serie de declaraciones que contienen “medias verdades” que merecen ser analizadas.

Hace un par de semanas los estudiantes de San Marcos tomaron el campus de la Ciudad Universitaria, teniendo como bandera central la lucha contra la privatización de la universidad pública. Incluso fueron tachados de vándalos por llevar adelante tal acción. Asimismo, varios comentaristas se mostraron sorprendidos porque no se observaba ningún intento de “vender las universidades”. ¿De qué privatización se trata dijeron entonces?

La promulgación del D.U. 010-2025 y publicado “entre gallos y medianoche” por el Poder Ejecutivo marca un punto de inflexión en la política energética y empresarial del Estado peruano. Bajo el argumento de “reestructuración”, “eficiencia” y “sostenibilidad fiscal”, el decreto habilita una serie de medidas que abre el camino al desmembramiento y posterior venta (mal venta) de los activos estratégicos de Petroperú, la “última joya de la corona”, es decir, lo más valioso, lo más importante que nos queda a los peruanos.

En diciembre de 2025, el Ejecutivo peruano, refrendado por el presidente del Consejo de ministros, la ministra de Economía y Finanzas (MEF) y el ministro de Energía y Minas (MINEM), promulgó el D.U. 010 2025, que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú, con el argumento de que la empresa se encontraba en una crisis económica y financiera “que compromete su operatividad”.

Hace unos días el expresidente de Ecopetrol, la estatal colombiana estuvo en Lima y dijo que Petroperú no va a ser la primera ni la última petrolera nacional en crisis. Eso lo saben bien en Colombia donde, del 2010 al 2017, la Refinería de Cartagena tuvo enormes problemas financieros, técnicos y de gobernanza que requirieron medidas de emergencia en varios planos. Y agregó: “lo importante es que la decisión que se tome le dé la capacidad para hacer las transformaciones que se requieren”. 

En el Perú abundan las palabras tranquilizadoras y escasean las verdades incómodas. Cuando el Gobierno dice que Petroperú “no será privatizada”, lo que en realidad hace es administrar el lenguaje para amortiguar el impacto político de una decisión mayor: abrir la empresa a una reorganización patrimonial y operativa con participación privada, segmentación de activos y eventual venta de sus activos. No se le llama venta total, es cierto.