La ley de amnistía, promulgada al inicio de un nuevo proceso electoral, instala entre nosotros puntos de división que son imposibles de cruzar. Esta ley nos polariza en la medida en que pone en evidencia el enorme desprecio que un sector de nuestra sociedad política siente hacia las víctimas de los crímenes de los ‘80 y ‘90, a quienes se pretende tratar como si fueran invisibles. Pero, además, es una enorme estafa para quienes la defienden.