La guerra por el agua se desató a raíz de la promulgación Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua (30157), que busca una mejor fiscalización de la administración del agua y transparentar a las organizaciones de usuarios, al disponer que los dirigentes de las juntas de regantes sean elegidos bajo supervisión de la ONPE y que la Asociación Nacional del Agua (ANA) apruebe los padrones electorales.