Tras el contundente paro de 48 horas en el Cusco contra el Decreto Legislativo 1198, que permitía a empresas privadas y públicas administrar determinados bienes patrimoniales arqueológicos a través de un modelo de gestión cultural por un período de 10 años, el pleno del Congreso decidió su derogatoria con 56 votos a favor siete en contra y tres abstenciones.