En las últimas tres décadas hemos tenido muestras muy significativas de la trascendencia del sistema de justicia con la vigencia del sistema democrático. El rol que han cumplido, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, en la lucha contra la corrupción, ha sido sobresaliente, tanto así que se ha pretendido acuñar la frase de que hemos comenzado a vivir una judicialización de la política. Algo parecido ha ocurrido en el ámbito de las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes del terrorismo.