El Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas de amparo que pretendían defender a la ciudadanía de la intención del congreso de enterrar a la Sunedu. Esta institución es una de las varias cuestiones buenas que trajo la Ley 30220, ley universitaria, pues la establecía como la entidad que supervisaría la educación universitaria, gracias a lo cual el Estado recuperaba el rol rector en la materia.