Hoy, en la Junta de Portavoces del Congreso se analizará la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, la segunda que enfrenta su gobierno y la cuarta en menos de tres años desde que Pedro Pablo Kuzcynski asumiera el cargo el 28 de julio de 2016 para luego renunciar casi dos años después. 

Sin embargo, este nuevo pedido viene con dos cargas bastante particulares. Una, que plantea una denuncia (periodística) con elementos más fuertes contra Martín Vizcarra y; dos, se presenta en un contexto donde las bancadas están en algunos casos divididas y en otros, manejando sus fichas para el proceso electoral del 2021, al cual deberíamos llegar de no mediar ningún inconveniente. 

Las denuncias contra el presidente Vizcarra y que forman parte del legajo de la moción de vacancia firmada por UPP y un bloque del Frente Amplio, se refieren a las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que están evitando ser implicados en el proceso judicial del conocido “Club de la Construcción”. El cobro y pago de unas coimas a favor de Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, son el tenor del pedido que busca declarar la “incapacidad moral” del hoy mandatario de la Nación. 

Una incapacidad moral cuyos términos y alcances aún son materia de una demanda competencial que se encuentra en el Tribunal Constitucional. 

La vacancia o la vida 

Pero, estamos en un escenario donde la vacancia presidencial parece haberse convertido en el tema prioritario de sectores políticos y económicos que no logran acomodarse en la vida del país, a pesar que el sistema sigue siendo el mismo que se instauró en 1992 pero que ha tenido en la lucha contra la corrupción uno de los golpes más importantes de los últimos años. 

Hoy, a 222 días de declarada la emergencia nacional, con números de casos y muertes que suben y bajan y ad portas de una reactivación de actividades económicas toca preguntarse ¿Importa más la vacancia de un presidente que seguir promoviendo las acciones gubernamentales frente a la pandemia? 

Conversamos con los analistas políticos, Yorka Gamarra y José Alejandro Godoy, quienes nos dieron sus pareceres respecto a la nueva crisis coyuntural que estamos por vivir. 

Al respecto del pedido de vacancia, Godoy considera que tiene “como el anterior, serios problemas”, sin embargo cree que si bien “es cierto que los casos que hoy implican al presidente son más graves que el caso Swing”, la estabilidad del país “no puede depender de parlamentarios que buscan (por ejemplo) que Antauro Humala -sentenciado por homicidio- postule o que buscan tapar sus propias peleas internas, como en el caso del Frente Amplio”. 

Para Gamarra el nuevo pedido de vacancia es un “acto de indolencia gigantesca, que comete el Congreso, en medio del sufrimiento y el dolor de gran parte del país en medio de la pandemia”. La también periodista considera que el Parlamento debería estar legislando “en temas que van a ser beneficiosos para los peruanos, para reactivar la economía con el ser humano en el centro y así recuperarnos de los golpes que nos deja esta pandemia”. 

Tanto Godoy como Gamarra coinciden en que ya falta poco para culminar el gobierno y que en medio de la investigación fiscal se debe esperar que termine Vizcarra para que éste pueda ser finalmente procesado por la Fiscalía que tiene a su cargo el caso de lo ocurrido en Moquegua. 

Yorka Gamarra señala que “deben dejar que el sistema de justicia investigue lo que haya que investigar, una vacancia a estas alturas es egoísta y encaminada a aplazar las elecciones generales del 2021”. 

Los grupos empresariales

Para muchos, ha llamado la atención que el grupo El Comercio lidere esta andanada de denuncias de hechos que se vienen investigando desde hace un par de años. Lo cual hace preguntarse ¿cuál es el interés del grupo y en general de sectores empresariales en promover una vacancia presidencial en medio de procesos judiciales que -coincidentemente- involucran a accionistas de estos emporios mediáticos? 

José Alejandro Godoy, autor del libro “El Comercio y la política peruana del siglo XXI” asegura que el grupo no juega un rol a favor de la vacancia “lo ha colocado ya en varios editoriales (…) Sin embargo, sí considero que, en general, los informes sobre este caso, básicamente, han reproducido los expedientes fiscales, sin ir más allá de las declaraciones de los colaboradores”.

Para el también abogado llama la atención que nadie se haya tomado el trabajo de “Por ejemplo consultar los libros sobre el presidente Vizcarra, para percatarse que el exministro José Hernández fue quien hizo el enlace entre el actual presidente y PPK para que pueda postular en la fórmula presidencial”. Esto, asegura Godoy, da cuenta de “un estilo de información que se limita a la mera colocación de aquello que los fiscales filtran a la prensa”.

Yorka Gamarra, sin embargo, si es más directa en afirmar la responsabilidad que el grupo de los Miró Quesada y los Graña tienen en este embrollo. 

“Existen intereses de los grupos de poder económico: club de la construcción, medios de comunicación y otros, que alientan esta propuesta reiterativa de vacancia presidencial con intereses subalternos y hasta golpistas”, puntualiza. 

En un país donde los medios de comunicación y los grupos de poder han dictado siempre la agenda no se puede descartar la existencia de un intento de desestabilización que tendría este jueves un nuevo capítulo. Empero, insistimos, es necesario que se descubra y se investigue hasta el final todas las denuncias que implican al presidente Vizcarra y que éste cumpla con su palabra: quedarse después del 28 de julio de 2021 en el país y responder desde el 29 si es necesario a todas las indagaciones que sean necesarias, más allá del llamado que ha hecho la fiscalía para la primera semana de noviembre.