Que el presidente del Congreso, Alejandro Soto militante de Alianza Para el Progreso, partido que forma parte de la coalición gobiernista- esté implicado en más de una denuncia por delitos comunes, no es algo que a estas alturas deba sorprendernos en demasía. 

Tampoco es digno de estupor que sus colegas se plieguen a la tan mentada frase de “Otorongo no come otorongo” y apelen a un extraño espíritu de cuerpo que “en aras de la gobernabilidad” los hace mirar de costado y hacerse los desentendidos. 

Soto, el “fusible” del fujicerronismo

Para nadie es un secreto que en el Congreso existe una correlación de fuerzas, que ha derivado en una simbiosis. Es decir, dos entes que en la regla son disonantes, se confrontan pero que, ante el instinto de la sobrevivencia, dejan de lado sus presumibles diferencias para apoyarse uno al otro, sin hacerse daño. 

Solo así se explica como es que el llamado “fujicerronismo” ha logrado una convivencia casi perfecta, expresada en esa Mesa Directiva presidida por Soto Reyes y que, de alguna forma, con las denuncias en su contra y una investigación en pie en el Ministerio Público, representa -que duda cabe- a este Parlamento que en sus mejores momentos logra una aprobación de 9% en las encuestas. 

Para el analista político José Alejandro Godoy, una situación de tantas denuncias como las expuestas en los medios habría valido en otros tiempos, como mínimo, la renuncia del titular del Legislativo. 

“En tiempos normales, la situación del presidente del Congreso hubiera supuesto su dimisión o su censura. Sin embargo, es claro que Alianza Para el Progreso quiere mantener ese puesto por lo que una posibilidad de una censura es baja. Esto explica además la inclusión de Perú Libre en la mesa directiva, dado que estos votos son clave para evitar su salida”, puntualiza.

Eliana Carlín, analista política, señala que la situación de Soto es la más delicada que se recuerde en los tiempos recientes y considera también que no existen los votos necesarios para la censura, por lo cual la sobrevivencia de esta Mesa Directiva, o al menos de esta presidencia, es viable. 

“Estamos ante un modus operandi de este congreso que es no pensar ni en la ley, ni en los electores ni menos en la legitimidad nula que tienen, sino que solo apabullan con la fuerza de los votos y si pasa la moción se votará por su continuidad pese a los graves cuestionamientos en su contra”, asegura. 

En esta etapa, cabe señalar, que Alejandro Soto se ha convertido -y se advirtió desde el inicio- en solo un mascarón de proa de la coalición gobiernista que nace en Palacio con Boluarte y Alberto Otárola y tiene su extensión en el Congreso con el fujicerronismo y los sectores más conservadores de la derecha parlamentaria y que bajo esa figura podría ser fácilmente cambiado o mantenido en su lugar de acuerdo a la conveniencia política. 

Quiebres y particiones

Otra situación que marca el derrotero de este congreso, tiene que ver con las rupturas que se han dado en las bancadas, desde el inicio de su existencia en el 2021. Se pasó de 9 a 12 grupos parlamentarios que son los que actualmente llevan el devenir de este poder del Estado. 

En estos nacimientos y desapariciones de bancadas, existen dos que han sufrido fuertes golpes, más que nada por la conformación de fuerzas y la aparición de este movimiento extraño denominado “fujicerronismo”. 

Es el caso de Acción Popular y Perú Libre. En el caso de la primera, la presencia de “Los Niños” y la fuerza que han tenido para tomar decisiones al interior de la bancada, hizo que figuras representativas como la expresidenta del Parlamento, Maricarmen Alva, dieran un paso al costado. 

En el escenario de Perú Libre, la otrora bancada del preso Pedro Castillo, la figura se volvió inmanejable cuando se anunció la formación de la lista que ocupa la actual Mesa Directiva. 
Quiebres y rupturas que para José Alejandro Godoy no hacen mella en la fuerza que tiene el Legislativo en este desequilibrio de poderes. 

“Cabe recordar que la mayoría de Acción Popular no pensaba votar por Soto y Perú Libre, con Waldemar Cerrón en la Mesa Directiva, está contento con el estado de cosas”, sostiene.
Carlín considera que estos quiebres “son un reflejo de la falta de institucionalidad y la capacidad de los partidos para escuchar a las bases (…) y una muestra de descomposición de la clase política”. 

Pacto por la impunidad y la sobrevivencia 

Esta breve mirada de lo que pasa en el Congreso no puede dejar de explicarse sin entender que en este momento lo que existe es un pacto por la sobrevivencia, que inició con la criminalización de la protesta y los asesinatos de manifestantes por parte de las fuerzas del orden, con la mirada pasiva del Ejecutivo y con la concentración de poderes en manos de un Congreso que ha tomado instituciones constitucionales como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y que busca un último espacio: la Junta Nacional de Justicia, para finalmente colocar jueces y fiscales a su medida. 

Todo esto sin una respuesta sostenida de la sociedad que ha visto como la gente es asesinada sin miramientos por protestar o son procesados judicialmente bajo figuras legales creadas para este fin.