El nombramiento de un nuevo presidente –el cuarto en el periodo de gobierno que finaliza– resuelve constitucionalmente la última crisis política, pero difícilmente solucionará la profunda recesión económica generada por la pandemia. Y aunque algunos análisis privilegian otras variables explicativas, la complicada situación del empleo y la falta de ingresos no hace sino abonar en el descontento y malestar social que está a la base de la mayor protesta social que se haya registrado en nuestra historia republicana. En el Perú del Bicentenario, las demandas “posmateriales” (institucionalidad democrática, ciudadanía) se asientan sobre una enorme y persistente deuda social (económica y ambiental) de la que es difícil desligarlas. Por lo mismo, encontrarle una salida a esta urgencia vital que aqueja a una porción mayoritaria de la población, exigirá más que una “transición ordenada” hacia un nuevo gobierno. 

La paralización de la actividad económica durante el segundo trimestre del 2020 (necesaria para detener la expansión del virus), produjo una hecatombe en términos de empleos perdidos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el periodo abril-mayo-junio –el peor momento de la emergencia sanitaria– se registraron 6´700,000 puestos de trabajo menos con relación a lo registrado en similar periodo del 2019. Solo en Lima Metropolitana se perdieron 2´700,000 empleos, cayendo la tasa de ocupación en más de la mitad (–55%). Así, en el punto más crítico de la pandemia, casi siete millones de peruanos habrían perdido su empleo e ingresos de un momento a otro, precisamente cuando más lo necesitaban.  

Pero, además, en sociedades heterogéneas como la nuestra, las crisis suelen afectar diferenciadamente. Las medidas de confinamiento social y la interrupción temporal de las actividades no esencial incrementaron la tasa de desocupación, afectando –en mayor medida– a la población masculina, a los trabajadores con estudios superiores no universitarios y a los jóvenes entre los 25 y 44 años de edad. En el caso de Lima –que alberga a un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA)– la desocupación alcanzó principalmente a los jóvenes de 14 a 24 años de edad y a la población con menores niveles educativos. Por zonas geográfica, la disminución de la tasa de ocupación fue mayor en el área urbana (–49,0%) que en la rural (–6,5%). Y por ocupaciones, fueron las actividades vinculadas al sector de la construcción (–67,9%), manufactura (–58,2%), servicios (–56,6%) y comercio (–54,5%), las más afectadas. La remuneración laboral promedio se contrajo en 12% (disminuyó de S/ 1.743 a S/ 1.525), retrocediendo a niveles de hace nueve años. Y en cuanto a las condiciones de trabajo, la pandemia aumentó considerablemente la jornada laboral de las mujeres, reforzando la desigual distribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades familiares. 

Con el reinicio de la actividad económica, parcialmente desde el mes de mayo, la tasa de desocupación disminuyó leventemente, aunque se mantuvo lejos de recuperar los niveles previos a la pandemia. Durante el tercer trimestre (julio, agosto y setiembre) se registraron 1´177,500 empleos menos en Lima Metropolitana y Callao, con relación a similar periodo del 2019. Y si bien la destrucción de puestos de trabajo se redujo en comparación a los meses pasados, el desempleo se mantiene alto (en el mismo periodo alcanza a 442,100 personas y llega a 742,700 en total, lo que implica 147% más desempleados que el periodo julio y setiembre del 2019).

Una tendencia que se asienta en esta etapa de reactivación económica reside en la precarización del empleo. Si bien aproximadamente un millón de trabajadores reiniciaron sus labores, la gran mayoría lo hizo en condiciones disminuidas respecto de su situación pre coronavirus. Esto es, trabajadores que contaban con un empleo formal, estable y con derechos laborales, comienzan a reinsertase laboralmente con contratos temporales, ingresos reducidos o como independientes informales. De acuerdo al Observatorio Socio Laboral de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), durante el tercer trimestre el empleo formal se redujo en casi un millón y medio de personas, mientras que 312,900 personas empezaron a laborar en la informalidad1. En resumen: más de dos millones de personas, solo en Lima, que retornan a la actividad económica pero como subempleados, con ocupaciones que les demandan menos de 8 horas diarias de trabajo y con ingresos por debajo del salario mínimo. 

Y cuando más se les necesitaba

Una mención particular merece el comportamiento de un sector del empresariado, que durante la pandemia no estuvo a la altura de las circunstancias. No faltarán quienes observen que la crisis afectó principalmente a los negocios y que estos hicieron lo imposible para preservar los empleos o proteger a sus trabajadores. Puede ser. Habría que conocer cuántas y qué empresas mostraron ese nivel de compromiso, para tenerlas como referentes. Lo cierto es que han trascendido más casos de abusos laborales que ejemplos de buenas prácticas. Y en particular, casos que involucran a importantes firmas (algunas transnacionales) que recibieron apoyo financiero del Gobierno –a través del Programa Reactiva Perú– para enfrentar la paralización sin afectar la cadena de pagos. Pero que no tuvieron reparos en mandar a la suspensión perfecta o cesar directamente a decenas y centenas de empleados, sin buscar el dialogo con sus organizaciones sindicales para acordar formulas equilibradas y menos perjudiciales para los trabajadores2.

Ojo que no hablamos de micro o pequeñas empresas, que, para todo fin práctico, fueron las más perjudicadas con la crisis económica. Se trata de un grupo de empresas medianas y grandes (del sector servicios, extractivo, financiero, manufactura), favorecidas con los créditos baratos financiados con recursos públicos, y que habrían hecho un uso inadecuado del beneficio obtenido, en desmedro de sus trabajadores3 . Varias de estas firmas promovieron acuerdos de “mutuo disenso” (también conocidas como renuncias “voluntarias”) escogiendo selectivamente a los “beneficiados”, ofreciendo incentivos económicos en momentos en que los empleos “paralizaron” y las urgencias familiares aumentaban. Aduciendo insolvencia económica, varias de las empresas favorecidas por la ayuda estatal aplicaron suspensiones perfectas o directamente despidieron a dirigentes y trabajadores sindicalizados, cuyas organizaciones pasaron a pender de un hilo por la reducción forzada de sus afiliados. 

El futuro inmediato

En medio de la crisis económica que atravesamos (se estima que el PBI caerá en 10% este año), es difícil vislumbrar un escenario favorable para la recuperación del empleo. Como sucede hace décadas, mucho dependerá de la evolución de los mercados internacionales a donde destinamos nuestras exportaciones primarias y no primarias, y la posibilidad de generar divisas a partir de ello. También de la capacidad de consumo interno, sobre todo en estas fechas próximas a la Navidad, lo cual podría dinamizar el sector comercio y servicios (que ocupan a un tercio de la PEA), aunque muy limitadamente por efectos de la pandemia y emergencia sanitaria y el decaimiento de los ingresos laborales. Las salidas, más de mediano plazo, pasan por la implementación de una política de diversificación productiva que fortalezca los sectores y actividades intensivas en trabajo, que permita la construcción de encadenamientos productivos horizontales y verticales que articulen los mercados local, regional y nacional con la economía global. 

Pero esta estrategia clave y de carácter estructural excede las posibilidades temporales y políticas del actual gobierno de transición. Necesariamente tendrá que ser objeto del debate electoral que se inicia estos meses de verano. Las peruanas y los peruanos tendremos que escoger entre quienes proponen medidas novedosas o alternativas para generar empleo de calidad; y aquellos que insisten en repetir fórmulas que se ha venido aplicando en los últimos años (sin avances sustantivos a la vista), sin conocer siquiera a cuánto asciende el salario mínimo vital que recibe el 30% de la población. 

1 Disponible en: https://bit.ly/3kCFLFW
2 Ojo Público. “Más de la mitad de empleos formales perdidos en pandemia fueron por suspensión perfecta”. Disponible en: https://bit.ly/32VCUlj
3 Ojo Público. “Ceses laborales en cadena de comida rápida, minera y universidad del grupo Hochschild”. Disponible en: https://bit.ly/3pF0GvN