Con la decisión del Pleno del Congreso de admitir las mociones de interpelación de Aníbal Torres, presidente del Consejo de ministros; Alfonso Chávarry, ministro del Interior; Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas; y, Betssy Chávez, ministra del Trabajo, se configura un escenario de confrontación con desenlace muy rápido: todo se resolverá los días 11 y 12 de mayo.

Al parecer los votos para la interpelación están asegurado: los votos para la admisión de la interpelación han sido: 73 votos por la interpelación al presidente del Consejo de ministros, 82 votos para interpelar al ministro del Interior, 59 para el ministro de Energía y Minas, y 70 votos para interpelar a la ministra de Trabajo.

La suerte está echada. Nada detendrá esta nueva confrontación entre Ejecutivo y Congreso. El presidente Castillo pierde no solo a su más importante cuadro político, sino que con él se van también tres ministros representantes de la bancada magisterial (Chávez), de la bancada de Perú Libre (Palacio), y del grupo chotano (Chávarry y el propio Torres). Peor aún: el presidente Castillo se ve obligado a instalar su quinto Gabinete, todo, en nueve meses de gestión.

Solo un dato no menos grave: con la decisión de censurar al presidente del Consejo de ministros, el Parlamento ha usado la “bala de plata”; una segunda censura al próximo gabinete o la negación de una cuestión de confianza al Ejecutivo, será razón suficiente para el Ejecutivo disuelva el Congreso, y convoque a nuevas elecciones congresales.

Ya no hay marcha atrás: o el Ejecutivo avanza hacia la disolución del Congreso, o el Congreso prepara las condiciones para la vacancia presidencial. No parecer haber intenciones de conciliación o de concertación entre ambos poderes; los enfrentamientos entre las bancadas de Perú Libre y las bancadas de oposición se trasladarán a las calles, unos por el cierre del Congreso, otros por la vacancia. No hay, ni habrá espacio para consensuar políticas, para mediar entre las partes.

El escenario, como vemos es muy delicado, porque todo este conflicto se da en un proceso de conflictos sociales y de paros y movilizaciones por demandas que no han sido resueltas por el Ejecutivo, y en donde las posibilidades de llegar a acuerdos entre las partes en conflicto no han resultado; las mesas de diálogo han evidenciado su poca efectividad. El problema más serio es que la conflictividad social le añade una cuota de violencia a la crisis política nacional.

Es poco probable construir espacios de consensos, de llegar a acuerdos políticos son muy limitados porque los actores en conflicto han quemado y expectorado a posibles garantes como el Acuerdo Nacional, las Iglesias y la sociedad civil.

Sin duda serán tiempos difíciles.