La propuesta de reactivar el PRONAA ha vuelto al debate electoral como respuesta a la crisis que enfrentan los pequeños productores arroceros. Sin embargo, la experiencia demuestra que este programa terminó favoreciendo principalmente a intermediarios y grandes proveedores. Además, durante el fujimorismo fue cuestionado por graves casos de corrupción y manipulación política. El debate de fondo no es solo el PRONAA, sino la transparencia y el destino de las compras públicas del Estado.

No me sorprendió que la señora Keiko y Fuerza Popular anunciara, en los debates electorales, la reactivación del Programa Nacional de Apoyo PRONAA. No es casualidad que esta promesa electoral se haga en medio de una justa y legítima protesta de los pequeños productores arroceros, por la caída de los precios del arroz, exigiendo en consecuencia que el Estado les compré para evitar el descalabro económico de las pequeñas familias campesinas. 

La ilusión de los pequeños productores era que con esas compras podían evitar la caída del precio del arroz, pero era un supuesto falso. El PRONAA compraba aproximadamente el 2% de la producción nacional, (930 mil tm) para abastecer a cerca de 4 mil comedores populares, (30% de ellos estaban en Lima), imposible que con ese volumen impactara en los precios del mercado. Peor aún, pronto nos percatamos que el mayor abastecedor eran los dueños de los molinos de arroz que compraban y a abastecían a los comedores populares; los pequeños productores eran marginados en ese proceso. Los dueños de molinos tenían varias ventajas: tenían representantes congresales que incidían en las decisiones de los equipos del PRONAA, tenían arroz almacenados que podía comprarse en cualquier momento, cosa que no tenían los pequeños productores. 

Quienes estuvimos en la gestión del PRONAA en el 2000 podemos dar fe de los graves y complejos casos de corrupción y manipulación política a las madres de familia que ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. Este organismo público que fue creado, supuestamente, para paliar el hambre de los hogares en pobreza y pobreza extrema pronto se convirtió en el organismo de manipulación y movilización de humildes madres de familia en las movilizaciones mítines y del fujimorismo.

No obstante, el problema de fondo son las compras del Estado. Los programas sociales no solo compran arroz, sino diversos productos agrarios, vestimenta, calzados y otros productos que se utilizan para apoyar a las familias en pobreza y pobreza extrema, pero la verdad de los hechos es que en los procesos de compra se concentra la gran corrupción y se cambia el centro de la política para servir a los empresarios y acopiadores que se benefician con las compras. 

En el caso que nos ocupa, probablemente los molineros de comerciantes de arroz estén detrás de este pedido.

La propuesta de reactivación del PRONAA no garantiza una solución real para los pequeños productores ni para la seguridad alimentaria. La experiencia pasada evidencia que, sin mecanismos transparentes y orientados a los agricultores familiares, las compras públicas pueden terminar beneficiando a intermediarios y reproduciendo prácticas de corrupción y clientelismo político.

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* Ex jefe Nacional del PRONAA (2002- 2003)