Un tema del cual no se ha escrito mucho, por la coyuntura futbolística y gubernamental, es el referido a la desclasificación de documentos secretos de Estados Unidos que revelan -y confirman- la participación de los gobiernos peruanos en sendas violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno vivido entre los años 1980 al 2000.

Se trata de 22 cables e informes de inteligencia, que han sido desclasificados gracias al trabajo de la Ong Archivo de Seguridad Nacional que publicó dichos archivos. Los documentos confidenciales revelan en primer lugar, el deficiente accionar de los regímenes de Fernando Belaunde (1980-1985), Alan García l1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000) para hacer frente a la violencia terrorista perpetrada por Sendero Luminoso.

El diario El País de España, señala también que en estos documentos hay una mirada del gobierno estadounidense que minimiza el accionar de la organización terrorista.

El diario español señala que el Centro Nacional de Evaluación Exterior de la CIA subestimó los cinco primeros años en los que Sendero actuó con violencia calificando al grupo subversivo como una "amenaza menor para la ciudadanía y el Gobierno de Fernando Belaunde y que seguramente sería destrozado en algún enfrentamiento con el Ejército”.

El gobierno de García y la protección a los militares 

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) expresa en su conclusión número 94, que en el gobierno de Alan García “el encubrimiento de la matanza de Cayara, ocurrida en mayo de 1988, (se considera) como (un hecho) paradigmático de la nueva actitud del partido de gobierno frente a la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contrasubversiva”.

Al respecto, los documentos desclasificados la última semana de agosto de este año, reflejan que el 24 de mayo de 1988, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Armando Villanueva del Campo comentó que “no le importaba "si el Ejército ejecutaba a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso que capturaba", siempre y cuando dichas ejecuciones se llevaran a cabo "discretamente".

Asimismo, señala el informe que el ex premier prometió que se “derrocaría inmediatamente”, cualquier investigación congresal sobre el caso Cayara. Matanza donde 33 campesinos fueron asesinados por miembros del Ejército al ser considerados sospechosos de pertenecer o colaborar con las fuerzas de Sendero Luminoso. 

Villanueva también habría prometido que se derrocaría "inmediatamente" cualquier investigación de la oposición sobre el caso Cayara, nombre con el que se conoció a la matanza de al menos 33 campesinos en dicho distrito de la región Ayacucho, y que se produjo en represalia por el ataque terrorista a una patrulla militar que dejó 4 soldados asesinados. Los campesinos fueron ejecutados al ser considerados colaboradores o miembros de Sendero Luminoso. 

Esta desclasificación cobra importancia tras conocerse en agosto de este año la sentencia que el Poder Judicial emitió contra los militares responsables de dicha matanza, por la cual se condenó al general del Ejército Peruano, José Valdivia Dueñas y otros militares a penas de entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, el caso de Valdivia es particular porque fue declarado reo contumaz y está con orden de captura tras dejar de asistir a las audiencias hace un año y medio. 

Fujimori y la operación “Chavín de Huántar” 

El 22 abril de 1997, las imágenes de las explosiones en la residencia del embajador japonés en Lima, fueron la portada central de los noticieros a nivel nacional e internacional. Ese día, en lo que debió ser un operativo exitoso se rescato con vida a 72 de los 73 rehenes que permanecían en el lugar secuestrado desde diciembre de 1996 por un grupo de terroristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

La operación que fue alabada a nivel internacional, cayó en un cúmulo de sombras cuando meses después se conoció que los emerretistas fueron abatidos extrajudicialmente por un grupo de militares ajeno al comando Chavín de Huántar, denominado “los gallinazos”. Los terroristas sobrevivientes que se rindieron fueron asesinados por este comando. 

Un documento desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, del mes de junio de 1997 señala que el dictador Alberto Fujimori dio “la orden de no capturar a ningún emerretista con vida”.

La publicación de la Ong estadounidense revela que “El mensaje describe como uno de los comandos militares de la operación de rescate reconoció a Rolly Rojas, miembro del MRTA, apodado El Árabe, entre los rehenes que estaban sacando de la residencia. Lo detuvo, lo llevó otra vez a la residencia y le disparó en la cabeza. Luego colocó su cuerpo junto a su líder Néstor Cerpa Cartolini, quien había sido asesinado durante el fuego cruzado. El cable también señala que una mujer del MRTA fue ejecutada tras entregarse a las fuerzas de seguridad”, detalla.

Sobre este caso, el 29 de julio de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia al señalar, por un lado, que era legítimo el uso de la fuerza para rescatar a los rehenes con vida, adoptando las medidas adecuadas para terminar con dicha crisis. 

Sin embargo, la Corte encontró evidencia de la existencia de la presunta ejecución extrajudicial de Eduardo Cruz Sánchez – integrante del grupo terrorista que tomó la residencia – y consideró al Estado peruano responsable de estos hechos pues la ejecución se produjo cuando el terrorista estaba rendido bajo custodia de agentes militares. 

Lo que nos falta  

Los 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR y la desclasificación de estos documentos, nos dejan claro que falta mucho por procesar y aclarar. La búsqueda de la verdad y la justicia continúa. Y eso, debe ser algo que no debe olvidarse.