Las Bambas pudo haber sido el ejemplo de integración entre minería y población, pero no fue así. Cuándo se incluye a las comunidades para que participen en las negociaciones previas a la inversión minera, incluyendo capacitaciones para ver y entender el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Estado no se percató que la población entendió que el EIA era lo más importante, pues de por medio estaban sus medios de vida, su salud y la de sus familias.

Luego la comunidad se entera que la nueva empresa MMH, hizo cambios, según la minera “cambios menores” también según el Ministerio de Energía y Minas, al EIA, pero el pueblo es sabio y le pide socializar ese EIA y la empresa se niega. Craso error. “Queremos la minería, pero no queremos que nos engañen”, el mensaje de la población es claro.

Frente a ello la gente de diálogo y conflictos de Humala se queda muda. No tenía nada que ofrecer y acusa a los manifestantes de revoltosos y antimineros. Desde entonces se podía intuir lo que venía, pero nadie hizo nada. De ahí llegamos al segundo semestre de 2016. Los mineros y la prensa prominera le dicen a la población que los cambios “son menores”. Subestimar a la comunidad es otro craso error.

LA PISTA
La empresa suma y resta buscando ganancias, pero en la comunidad los vecinos se dan cuenta que su pista interna de pronto pasó a convertirse, de hecho, en una carretera de orden nacional. La carretera sin asfalto, por donde los niños van al colegio, fue ensanchada de 5 metros a 40 metros de ancho para que los camiones puedan circular y realizar maniobras, como en un camino de mina.

De esta forma la minera dispuso de decenas de hectáreas de tierras de las comunidades, como si fueran de su propiedad para sus usos empresariales. Cuando los pobladores se percatan de eso protestan, pero no les dan una salida y empieza la anticampaña.

Los pobladores piden que se les reconozca económicamente el uso del terreno de la comunidad por donde pasan unos 500 camiones (250 de ida y de vuelta) diarios sin ninguna consulta. Por donde pasaban algunos vehículos a la semana, de pronto empezó a circular un promedio de 500 camiones y los promineros pretenden que el pueblo mire, observe y calle.

Lo peor es que siendo el proyecto minero más importante del país, la misma empresa no se haya tomado la molestia de asfaltar esa pista. El mayor esfuerzo fue ponerle afirmado. Bien dicen que los títulos no dan criterio. El paso de los camiones, además de la molestia natural, levantaba una  polvareda que afecta directamente a la salud de la población y a la estructura de las viviendas. Los pobladores lo sufrían y los dueños de las minas ni enterados.
“Pasan por tu casa con 500 camiones diarios cargados de minerales, pero no quieren tomarse la molestia de escuchar a la población”, dice Eduardo Vega ex Defensor del Pueblo.

El exministro del Ambiente Ricardo Giesecke sostiene que el gobierno y las mineras se hubieran ahorrado muchas molestias con el asfaltado de las pistas y carriles, pero no lo hicieron. Pudieron haber instalado semáforos con cruces personales, pero tampoco lo hicieron. Los millones de dólares aparentemente desensibilizan.

Ahora, la empresa y el gobierno deben darse el trabajo de al menos escuchar a la población. Las cuatro comunidades se oponen porque ya les han dado tregua desde el año pasado y nunca les han cumplido. Los pobladores no son antimineros, quieren la inversión. “Pero no queremos que nos pasen por encima”, sostienen.

El gobierno tiene la oportunidad de escuchar a la población y atender sus demandas. “La minería es importante, pero más importante que una mina es una vida”, dice Giesecke. ¿Lo entenderá el gobierno?.