Cinco muertos en Cajamarca luego de enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes elevan la cantidad de fallecidos en lo que va de este gobierno a 17 peruanos.  A estas alturas resulta más que evidente la necesidad de un cambio, de una verdadera transformación en el gobierno o, en otras palabras, del retorno de este a sus planteamientos iniciales. El regreso a su olvidada hoja de ruta.

Ayer se impuso el estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca y con ello se insiste en la estrategia del gobierno para frenar conflictos: represión. A la lista de fallecidos se suman la de los heridos en Cajamarca y también la detención desproporcionada de personajes como el dirigente de Tierra y Libertad, Marco Arana, quien fue agredido por  encontrarse sentado en la plaza de armas de la ciudad con un letrero colgado en el cuello que indicaba “Vida sí, oro no”.

Como hemos señalado anteriormente, la protesta cajamarquina ha alcanzado ciertos  logros, sin embargo, ellos se enturbian cuando los altos dirigentes de la empresa Yanacocha no hacen otra cosa que alterar el discurso presidencial y negarse a garantizar el cumplimiento de las exigencias presentadas por el mandatario. Más que nunca se hace necesario garantizar la llamada “nueva minería” pero, sobre todo, indicar qué se entiende por este rótulo y qué papel cumplirá en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. El modelo en que se ha desarrollado esta actividad en el pasado resulta muy costoso para todos.

Ha llegado el momento de tomar decisiones. Una de ellas respecto al significado de “nueva minería” pues, de lo contrario, al margen de lo que ocurra en Cajamarca, que no es poca cosa, se podrá gestar otros conflictos por esta actividad en el país. El presidente Humala debe definir con claridad las reglas de juego para esta “nueva minería” en nuestro país. Reglas que no sean ni cambiadas ni relativizadas según los antojos de los directivos de ciertas empresas. Reglas que se cumplan a cabalidad. Estas deberían contemplar temas como la salud macroeconómica del país, el rol de la minería en el desarrollo nacional, el fortalecimiento de la gestión ambiental, el respeto de los derechos de las poblaciones impactadas por estos proyectos y el fortalecimiento de la descentralización.

El otro tema sobre el que urge una toma de decisión urgente es respecto al modelo económico. El actual modelo se ha mostrado insuficiente para hacer frente a las demandas de los ciudadanos tanto en escenarios de auge como de declive. En un contexto de crisis internacional resulta fundamental que el gobierno plantee una posición. No podemos seguir dependiendo de la demanda externa pues con la crisis nos veremos ampliamente perjudicados. Por ello es necesario pensar en el mercado interno y promoverlo. Ello implica inversión, calificación y tecnología y sólo de esta manera podremos hacerle frente a lo que se viene.

Ambas decisiones son políticas y gravitantes. El presidente Humala deberá tomarlas antes de 28 de julio y estas marcarán el rumbo que seguiremos como país en los próximos años. En un contexto de conflictos y violencia como el que atravesamos, donde el conflicto social por el proyecto Conga es uno que sobresale sobre otros (Apúrimac, VRAE, Espinar, etc.) estos anuncios más que importantes, se tornan urgentes.