Varias amenazas sanitarias convergen sobre un sistema frágil. A diferencia de la COVID-19, hoy conocemos los riesgos y tenemos las herramientas. Lo que está por probarse es la capacidad del Estado.
La COVID-19 expuso la fragilidad del sistema de salud peruano: precariedad extrema, fragmentación, brechas de personal e infraestructura, debilidad logística y capacidades de gestión desiguales. En 2020 enfrentábamos, además, una enfermedad nueva. No teníamos vacunas y la evidencia se construía mientras avanzaba la pandemia.
Ahora es distinto. Desconocemos la magnitud de lo que viene, pero conocemos los riesgos y contamos con herramientas para reducirlos. El sarampión es una primera prueba.
Un brote que avanza más rápido que la vacunación
Según un excelente reporte elaborado por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), usando los datos oficiales del MINSA, a comienzos de 2026 se habían notificado 17 casos. En junio eran 451. Al 3 de septiembre, el país registraba 1,997 casos confirmados en 16 regiones. Puno acumulaba 1,386 y, junto con Arequipa, presentaba transmisión comunitaria.
Disponemos de una vacuna segura y eficaz. Sin embargo, según la MCLCP, a fines de agosto la cobertura nacional alcanzaba apenas 51.6% para la primera dosis de SPR y 43.1% para la segunda, frente a un avance esperado cercano al 64%. Dieciocho regiones estaban en 50% o menos en primera dosis.
El desafío es concreto: vacunar más rápido de lo que el virus encuentra personas susceptibles.
Pero el sarampión no llega solo.
Hasta la semana epidemiológica 30, el país registraba 41,106 casos de dengue, 38% más que en 2025, mientras la leptospirosis alcanzaba un pico de 8,511 casos y 34 muertes (CDC/MINSA).
Los mismos establecimientos, trabajadores, epidemiólogos y gestores tendrán que responder a estas epidemias mientras preparan los servicios para el Fenómeno El Niño.
Son demandas concurrentes sobre una capacidad institucional limitada.
El Niño: atender sin abandonar la prevención
La preparación frente al Fenómeno El Niño añade otra presión. Al 17 de agosto, 2,957 establecimientos de salud presentaban riesgo medio, alto o muy alto de inundación.
Cuando lleguen lluvias intensas, inundaciones o huaicos, la prioridad de los operadores será mantener funcionando los servicios: proteger infraestructura, asegurar agua y electricidad, garantizar medicamentos, trasladar pacientes y sostener emergencias y hospitalización.
Todo ello requiere personal, recursos y capacidad de gestión. Y puede desplazar precisamente aquello que necesitamos reforzar: vacunación, control vectorial, búsqueda activa de casos, vigilancia epidemiológica y trabajo comunitario.
El propio MINSA informaba el 25 de junio que su Plan Sectorial de Preparación y Respuesta ante el Fenómeno El Niño todavía estaba en proceso de aprobación. En las fuentes oficiales revisadas no aparece hasta ahora publicada su aprobación, aunque sí existen acciones parciales y planes de algunas dependencias.
Prepararse exige hacer ambas cosas: mantener abiertos los servicios y evitar que más personas necesiten llegar a ellos.
Las epidemias tampoco respetan calendarios electorales
A esta presión sanitaria se suma la transición derivada de las elecciones regionales y municipales.
Las autoridades salientes entrarán en la fase final de sus mandatos y las nuevas gestiones asumirán el 1 de enero de 2027. Se abre así un período particularmente delicado para la conducción territorial, justamente cuando se necesitarán continuidad, coordinación intersectorial y decisiones rápidas.
La salud pública se juega en el territorio. Vacunar exige localizar a quienes faltan, movilizar brigadas y coordinar con escuelas, municipios, comunidades y centros laborales. El dengue y la leptospirosis requieren además intervenir sobre agua, saneamiento, ambiente y comportamiento comunitario.
Un cambio de autoridades no puede significar una interrupción de la función sanitaria del Estado.
Declarar la emergencia antes, no después
Aquí aparece otro problema que debemos corregir.
El gobierno anterior declaró en mayo una emergencia sanitaria por sarampión focalizada en determinadas regiones, cuando ya existía transmisión local confirmada en Puno. A mi juicio, fue un error estratégico.
La actual administración mantuvo ese enfoque. El Decreto Supremo N.º 013-2026-SA, refrendado por el ministro Luis Dyer, prorrogó por 90 días la misma emergencia focalizada, aun cuando su propio sustento reconocía “alto riesgo de diseminación a nivel nacional”, transmisión en 40 provincias y 118 distritos y coberturas insuficientes para interrumpir la circulación del virus.
Aquí hay una cuestión de fondo.
En salud pública, una emergencia no debe servir únicamente para certificar que el daño ya ocurrió. Debe permitir que el Estado movilice capacidades extraordinarias frente a un peligro inminente, cierre brechas y prepare los servicios antes de que la amenaza alcance mayor escala.
Esperar a que un brote se extienda para activar esas capacidades invierte la lógica de la prevención. La emergencia debe ayudar a evitar el daño, no limitarse a administrarlo. Ese criterio debe cambiar de inmediato.
De las alertas a los resultados
Advertencias tampoco han faltado. El CDC-MINSA alertó en abril sobre el riesgo de diseminación del sarampión; en junio, sobre la transmisión comunitaria; y en agosto, sobre el riesgo de brotes en los propios establecimientos de salud.
Sin embargo, al 3 de septiembre el Gobierno Nacional había ejecutado apenas 25.8% del presupuesto del producto “Niños y niñas con vacuna completa”. Los gobiernos regionales alcanzaban 66.5% (MCLCP).
Una resolución no vacuna. Una declaratoria de emergencia no interrumpe una cadena de transmisión. Un presupuesto no protege mientras no se convierta en brigadas, vacunas y acciones efectivas.
La capacidad del Estado se mide finalmente allí: en transformar conocimiento, decisiones y recursos en protección concreta de las personas.
La salud pública fuera del discurso político
Mientras estas amenazas convergen, la salud pública ocupa poco espacio en el discurso de la presidenta y del ministro de Salud.
La infancia aparece principalmente vinculada a la anemia; los adultos mayores, a Pensión 65. Son prioridades legítimas, pero las personas no viven organizadas según los programas del Estado.
Un niño necesita buena nutrición y necesita estar vacunado. Una persona mayor necesita seguridad económica y también protección frente a enfermedades transmisibles. El derecho a la salud comienza antes de la consulta, antes de la emergencia y antes de la hospitalización.
En este escenario, el MINSA inicia además una nueva etapa de conducción. María Sofía Cuba Fuentes ha asumido el Viceministerio de Salud Pública y Margarita Yanamango Contreras la Dirección de Inmunizaciones. Ambas reciben responsabilidades inmediatas: recuperar coberturas, contener la transmisión y preparar al sistema para amenazas concurrentes.
La tarea excede, sin embargo, a dos funcionarias y al propio Ministerio de Salud. Requiere conducción nacional, capacidad regional, acción local y coordinación con otros sectores.
La COVID-19 mostró las consecuencias de enfrentar una amenaza mayor con un sistema frágil. Esta vez conocemos mejor el terreno. Tenemos vacunas, vigilancia epidemiológica, experiencia y tiempo para prepararnos. Por eso la responsabilidad política es mayor.
Esta vez sabemos qué hacer. Pero no basta con saberlo: hay que hacerlo antes.
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