Los huaycos que afectan al Perú cada temporada de lluvias no son desastres naturales sino desastres sociales. La ocupación desordenada del territorio, la falta de inversión en prevención y la debilidad institucional convierten eventos climáticos previsibles en tragedias humanas recurrentes.
La recientemente creada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene entre sus competencias la gestión de infraestructura de prevención. Sin embargo, su presupuesto y capacidad operativa están lejos de lo que se necesita para enfrentar un problema que se agrava cada año con el cambio climático.
Las cifras del INDECI muestran que los daños por desastres naturales representan un costo anual que supera el 1% del PBI. La inversión en prevención, en cambio, apenas alcanza una fracción de esa cifra. La ecuación es clara: cada sol invertido en prevención ahorra múltiples soles en reconstrucción.
La planificación territorial es la clave, pero implica decisiones políticamente difíciles: reubicar poblaciones, impedir construcciones en zonas de riesgo, invertir en drenaje y canalización. Ningún gobierno ha querido asumir estos costos políticos.
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