A pesar de la evidencia de las falaces interpretaciones del biólogo Ernesto Bustamante en el canal Willax, asesor en temas de salud y candidato de Keiko Fujimori al Congreso, continúa el clima de desconfianza con respecto a la idoneidad de la vacuna de Sinopharm, aplicada a médicos y enfermeras en el Perú. Bustamante nos dijo que las vacunas tenían eficacia insuficiente, por lo que debía iniciarse un nuevo proceso de vacunación con Pfizer. El candidato presidencial Rafael López Aliaga, parte del operativo, pidió la vacancia de Sagasti y dijo que los peruanos nos merecíamos las mejores vacunas.

Difundir un documento parcial, de una investigación confidencial es de por sí un delito. Pero manipular la información y engañar a la ciudadanía responde a una conducta que debe ser sancionada.  El daño está hecho a pesar de los desmentidos, al día siguiente, del Ministerio de Salud, del propio laboratorio Sinopharm, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), del Colegio Médico del Perú, y, el lunes, por las declaraciones de la doctora Coralith García, responsable del ensayo clínico de Sinopharm en la UPCH en el Congreso.

Dicha vacuna ha sido autorizada en 16 países de todo el mundo, además de Perú. Su eficacia, informada por Sinopharm el 29 de diciembre de 2020, es del 79,3%, pero los resultados no han sido publicados en una revista científica. Sin embargo, los ensayos clínicos de las Fases I y II, sí lo fueron  en la revista médica The Lancet, donde se informó que la vacuna es segura e induce una respuesta inmune. Los ensayos de Fase III se vienen llevando a cabo en la Argentina, Perú, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. En los Emiratos Árabes Unidos, país donde se les inoculó la vacuna de Sinopharm a las infantas Elena y Cristina, hijas del rey emérito de España, se confirmó una eficacia del 86%. Se aplica además en Serbia, Hungría, Laos, Seychelles, Guinea Ecuatorial, Zimbabwe, entre otros. 

El mercado mundial de las vacunas

La reducida oferta para satisfacer la demanda mundial de las vacunas contra la covid-19 es una preocupación creciente para los gobiernos, los organismos multilaterales y foros intergubernamentales. Las farmacéuticas que poseen los derechos de propiedad intelectual de la vacuna no cuentan con capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales. El 10 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF denunciaron conjuntamente el acaparamiento de las vacunas de parte de los países desarrollados. Del total de 128 millones de dosis administradas hasta ese momento, más de las tres cuartas partes habían tenido lugar solo en diez países que representaban 60% del PBI global. 

América Latina tiene dosis para inmunizar a menos del 3% de su población. Hasta el día de las irresponsables declaraciones de Bustamante, la región había recibido solo 37 millones de dosis que apenas alcanza para vacunar a 18,5 millones de personas. La producción es insuficiente y estas han sido acaparadas por los países desarrollados quienes han comprado entre dos y tres veces las necesidades de su población, acción conocida como “nacionalismo de las vacunas”. 

Los mecanismos de carácter voluntario para apoyar el acceso a las vacunas para los países de ingresos bajos y medios no han funcionado. El Centro de Acceso Global a Vacunas covid-19 (Covax) una iniciativa de colaboración global de financiamiento, de la que participa Bill Gates para que los países de menores ingresos no queden sin acceso, funciona de manera muy limitada. Estas llegan a cuenta gotas. Al momento de escribir estas líneas, solo habían llegado 117 mil dosis a Colombia, en nuestra región.

Tampoco ha funcionado el “llamado a la acción solidaria” anunciado en mayo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conformar un Technology Access Pool (C-TAP), una suerte de banco de datos que permitiría centralizar el conocimiento disponible para la prevención y el tratamiento de la covid-19. A pesar de su carácter voluntario, la Federación Internacional de Compañías y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) la rechazó. El día que la OMS lanzó esta propuesta, Donald Trump anunció su retiro de esa organización por considerarla funcional a China. 

La clave: liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual

En este escenario, Sudáfrica e India plantearon en la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual para los procesos de tratamiento y prevención de la covid-19, hasta disponer de una oferta que permitiera proveer las vacunas a toda la población mundial. Si bien en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC existen algunas exenciones previstas como el hecho de que, por razones de interés público, un Estado puede pedirle al titular de una patente que autorice a un tercero a que produzca su medicamento o vacuna, el proceso es complejo y engorroso.

La iniciativa de ambos países considera que la única manera de satisfacer la demanda de vacunas requerida por la población mundial consiste en facilitar el conocimiento a los países que tienen la capacidad de producir medicamentos tanto para su consumo interno como para exportarlos a otros, sin ser sancionados por violar las normas de propiedad intelectual de la OMC. Asimismo, advierte sobre la importancia de la rapidez y simultaneidad con la que la población mundial debe ser vacunada para derrotar la pandemia.

Más de 100 de los 164 países miembros la respaldan, así como por lo menos 350 organismos no gubernamentales, entre ellos Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional. En cambio, se oponen los países sede de la industria farmacéutica: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Canadá. Se podría suponer que la importante cantidad de fondos públicos que se inyectaron a los laboratorios para que desarrollaran las vacunas en algunos de estos países permitiría a los Gobiernos obtener de las empresas suficientes licencias para una producción mundial generalizada a precios asequibles. Sin embargo, el poder de la Big Pharma es enorme y tiene un rol fundamental en el financiamiento de las campañas políticas.

La falta de disponibilidad de las vacunas dio lugar a que el canciller de México, Marcelo Ebrard, instara a los países desarrollados, en nombre de América Latina y el Caribe, a evitar el acaparamiento de vacunas y a acelerar su entrega al mecanismo Covax. En su discurso, durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 17 de febrero, señaló que “Covax ha resultado insuficiente hasta ahora (…) El escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando”. A la fecha, señaló, “todavía no se han distribuido vacunas por vía de este instrumento multilateral”. Sin embargo, las invocaciones de Ebrard se direccionaron a los mecanismos de caridad y no se refirió a la propuesta de India y Sudáfrica que aboga por reglas equitativas para el acceso global a las vacunas. En ese mismo organismo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apuntó al núcleo central del problema e increpó a los países desarrollados en el Consejo de Seguridad para que apoyen la propuesta de India y Sudáfrica. “Si no es ahora, ¿cuándo?”, señaló.

A diferencia de la Unión Africana, organización intergubernamental política y de cooperación que agrupa a los 56 países de ese continente, que el 22 de febrero suscribió un comunicado en el que apoya la iniciativa planteada por India y Sudáfrica en la OMC, América Latina está lejos de tener una voz conjunta y solo se une para apelar a la buena voluntad de los mecanismos de caridad de la Big Pharma: C-TAC y Covax. Estos no funcionan y los países en desarrollo se vuelcan desesperadamente a China y, en menor medida a Rusia, para acceder a las vacunas.  

Según un reciente estudio de The Intelligence Economist Unit (EIU), muchos países no podrán vacunar a la mayoría de su población hasta 2023 –Perú culminaría en 2022–, lo que frenará la recuperación económica global. Lo más preocupante es que esas regiones podrían incubar nuevas variantes de la covid-19. Frente a estas, las vacunas y tratamientos disponibles hoy podrían ser ineficaces. La liberación temporal de las patentes parece el único camino viable para disponer de una oferta de vacunas suficiente para erradicar la pandemia en el corto plazo. Debemos estar atentos a los debates que se realizarán en la OMC este mes y el Gobierno debe dar a conocer la posición adoptada por el Perú.