Otra vez se repite el ritual del conflicto social en la provincia de Espinar: movilización de pobladores por las calles de la ciudad de Espinar, bloqueo de pistas y carreteras, incendio de vehículos, destrucción de equipos y maquinarias de las empresas mineras; pedidos de diálogo, instalación de mesas de diálogo, trabajo de comisiones de diálogo, aprobación de agendas, rupturas de negociaciones; exigencia de la presencia del Presidente del Consejo de Ministros acompañados de otros ministros con capacidad de decisión, formación de comisiones de alto nivel, designación de “altos comisionados”; ampliación de la declaratoria de emergencia.

Cada cierto tiempo se repite este ritual que se cumple escrupulosamente cada vez que hay cambio de gabinete, se designa nuevo Presidente del Consejo de Ministros, y los nuevos ministros empiezan a conocer o interesarse por tratar de resolver el conflicto que les inquieta sobre manera por los niveles de violencia desatado, magnificado algunas veces por la prensa local y nacional, y con la resonancia que le dan los organismos defensoras de los derechos humanos.

Pero, seamos realistas: el conflicto es la normalidad en Espinar. Lo es desde hace muchos años, sobre todo, a partir del momento en que la zona denominada “corredor minero” se convirtió en el centro neurálgico del tránsito de minerales y de la puesta en operación de importantes proyectos mineros en las provincias de Espinar – Cotabambas – Grau.

¿Qué es lo que hace diferente el actual conflicto de los otros? Aparentemente nada. El marco de la pandemia solo le da un toque inquietante del contagio y de la quiebra de las economías locales; pero en el resto de las demandas, el ritual es el mismo: exigencia de que la empresa minera Glencore – Antapaccay (antes lo fueron las anteriores empresas) debe entregar un bono solidario o “bono por covid-19” para los 50 mil pobladores de Espinar, como parte del Convenio Marco, lo que supone un desembolso de 50 millones de soles, entre otras demandas sociales. Este recurso saldría del Fondo Social que se constituyó por el Convenio Marco firmado con los anteriores dueños de la empresa minera y aceptada por los actuales propietarios de la minera Antapaccay.

¿Qué es lo particular, entonces? La exigencia de que el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y los ministros de Energía y Minas, Agricultura y MIDIS, se sienten a negociar con las organizaciones sociales y los alcaldes distritales de la provincia de Espinar. ¿Eso es todo? No. Eso no es todo. Eso es el inicio de un nuevo ciclo donde se le obliga al gobierno desandar lo andado; aprobar nueva plataforma con nuevos temas o con renovadas demandas.

Pero, cuidado con las interpretaciones tremendistas: en Espinar hace mucho tiempo que el conflicto es por dinero, por la redistribución de ganancias de las empresas mineras. No hay en esas demandas nada que se parezca a un conflicto socio ambiental, o de la antiminería. Si hay quien cree que ese el eje del conflicto, pues está equivocado - por decir lo menos - o está con la intención de abrir el conflicto a otros niveles, sin mucha suerte claro está, porque el tema de fondo es el reparto de ganancias.

Si todo esto es así. Pues, lo recomendable es regresar a la normalidad, es decir al conflicto, y entender este conflicto como el ritual, como la danza eterna en donde los actores sociales realizan sus movimientos, sus giros, las letras que acompañan la acción, y concentrarse exclusivamente en la viabilidad de la exigencia de disponer libremente de los fondos sociales, y no salir de ahí.

Ya pasará este conflicto, pero pronto volverá, porque, como se sabe, en el corredor minero, la normalidad es el conflicto.