Ayer contra becarios, hoy estudiantes muertos en el VRAEM: la urgencia de un cambio real
Héctor Jesús Chunga Morales
“Saca al cínico que tienes dentro o tómalo como una orden.” Expresión del personaje Birgitte Nyborg, como primera ministra danesa en la súper serie local Borgen, con un marido maravilloso, empresarial, ambos a la altura humana que persigue esta vídeo producción.

El pasado 25 de abril, la patrulla militar incumplió hacer patrullaje integral, combinado con Colcabamba. Luego, en el distrito huantino de Pucacolpa en el Río Mantaro, la PNP los detuvo al no hallar droga ni armas. Nuestras víctimas eran del Club Deportivo Juventud Buena Libra Vizcatán, nombre compuesto por el de la comunidad campesina y el del centro poblado de Ayahuanca.
La patrulla es parte de la 31° Brigada de Infantería del EP, que es el brazo ejecutor táctico local –bajo mando del Comando Especial del VRAEM, a cargo del Comando Operacional Este- de lo que el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) produce en inteligencia y planeamiento estratégicos, cuyo superior es el Comando Conjunto de las FF.AA. Un joven sobreviviente se ha entregado figurando en el parte policial como posible mochilero de droga junto a su primo, uno de los dos jóvenes heridos, también sobrevivientes.
Más bien, el Capitán. EP Luis Montenegro Pardo, a cargo de la patrulla se graduó hace una década como Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración. Su tesis grupal fue sobre las
Operaciones de Reconocimiento. Y, con su posterior experticia enseñó, instruyó, a promociones sobre las Compañías de Fusileros Motorizados en la Escuela Militar de Chorrillos. Debiera ser un experto en reconocer antes de proceder con su fusil y el de sus soldados.
Siete años atrás, entre el 25 y 26 de junio 2019, otra intervención militar incumpliendo el patrullaje combinado con la PNP, resultó en 03 suboficiales EP asesinados por narcosicarios -según unos especialistas- o terroristas, según otros.
Si bien este último caso sería un “error de rutina” militar, que sí afecta la legalidad de su actuar al incumplir el procedimiento estandarizado, técnico y de seguridad del patrullaje integral con la PNP, en los asesinatos del que hablamos, peor aún. Han violado derechos humanos con consecuencias mortales de civiles y han truncado proyectos de vida de sus familiares comuneros, parte del pueblo originario quechua.
Debiera investigarse si estas inconductas son o no sistemáticas y sancionar si está o no a la base la eventual captación del narcotráfico al cual otras economías criminales protegen y usufructúan vía mafias comunes o por la acción del autollamado Partido Comunista Militarizado Sendero Luminoso, el cual controla desde 2018 dicho corredor súper accidentado, protegido su cabeza por las pétreas alturas en la zona aledaña de Ayacucho, usando de informantes a narcos, mochileros y comuneros … ¿y uniformados?.
La Operación “Sinchi Makay II” movilizó patrullas combinadas de la DIRCOTE y la SegundaBrigada de Infantería. En Jerusalén-Santa Ana y comunidades vecinas sobreviven con granos y tubérculos, no son cocaleras, y criando animales menores y vacunos mejorados, con déficit de saber micro industrial.
El patrullaje no integrado o desintegrado viola derechos, el control funcional y contraviene la estrategia conjunta de seguridad. El ministro de Defensa debiera responder por ello. En el VRAEM solo la PNP –en la intervención conjunta- debe hacerse cargo ante civiles, detenidos o perseguidos, disminuyendo riesgos mortales y otras violaciones. Justamente porque están obligados –a diferencia de militares- a controlar riesgo de disparar para aniquilarlos tratándolos como enemigo bélico.
Por último, entre el fin del 14 y madrugando el 15 de agosto 2025, en la zona vecina de Yarhua Machay en el distrito de Huarcatán, también en Huanta-Ayacucho, nuestros paisanos comuneros denunciaron que ocurrieron al menos siete detonaciones militares entre carretera, laderas de los cerros y otras muy cerca de las viviendas.
¿Cuál es el asunto y solución pública de fondo?
Primero, que por estas ocurrencias cuestionables –entre otras quizá- como efectividad pública y en derechos humanos, terminando en pérdidas de vida, descapitalización humana familiar y comunal, estatal –uniformada y civil- y pánico poblacional –cuando no terror-, cada vez más se desvirtúa la pretensión de que supuestamente continuaríamos con riesgo de “remanentes terroristas”, a favor del sustento de que más bien se trata de narcotráfico y otras economías criminales asociadas a secas, que actuarían como “puerta giratoria” de servidores estatales. Por ello es crítico seguir tratando como supuesta zona antisubversiva en lugar de resolver la acción de control territorial y la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
Segundo, que en el contexto nacional de que “esta democracia ya no es democracia”, requerimos recuperar el territorio del VRAEM con Desarrollo real y Democracia real como sinónimos, como determinantes e igualdades y –en gestión- complementarias. Un paso sería reconvertir los programas sociales en productivos.
Tercero, que esto requiere una mega reforma doble, para salvar a nuestros hijos del Pueblo de su secuestro y abuso como “pioneritos” narcosicarios moldeados en manos de los Quispe Palomino y a niños y jovencitos sicarios urbanos de los otros criminales que batutearon la votación de las leyes pro crimen organizado.
¿Con qué? con la Reforma educativa –a todo nivel- para lograr Ciudades y Pueblos con Eco-Industrialización, con Derechos. Tal es como lo enfocamos en el Acuerdo Histórico Ciudadano, como una de las seis Condiciones Democráticas que –durante la 1° vuelta- suscribieron seis partidos/planchas presidenciales. Uno de estos obtuvo representación congresal bicameral.
En 2° vuelta se aclara a quién hay que derrotar para lograrlo, ocupándonos luego de que no nos saque la vuelta quien pongamos en Palacio, ni termine en la cárcel como cada presidente electo en estos 26 años: en la cárcel, asumiendo esta mega reforma como otras, como la de aprobar el proyecto de ley 12158 para derogar las leyes criminales, que co elaboramos organizaciones sociales con el Colegio de Abogados de Lima en 2025, ya que no tenemos por qué abdicar de ser los titulares del poder que encargamos a los electos.
